Un operador comercial de lechazos y un etiquetador autorizado por el Consejo Regulador de Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León se enfrentan a tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con otro contra la propiedad intelectual por, supuestamente, utilizar de manera fraudulenta las vitolas para vender en carnicerías burgalesas piezas que incumplían las normativas de las marcas registradas. La Fiscalía estima que llevaron a cabo su actividad durante entre 2015 y 2016, periodo en el que llegaron a alterar cerca de 1.500 identificadores.

Los hechos se remontan, siempre según los diferentes escritos de acusación, a enero de 2015. El Ministerio Público señala que ambos acusados cambiaban el número del volante de traslado con código alfanumérico que da el consejo regulador a los ganaderos y que acompaña a los lechazos desde que salen de la granja hasta que llegan al matadero para su sacrificio. De esta manera, aumentaban la cantidad de piezas y los clasificaban en el libro etiquetador.

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