El Comité de Ética Asistencial de Burgos es un órgano consultivo dependiente de la Gerencia de Salud de Área y un espacio de reflexión y deliberación donde se analizan los conflictos de valor que pueden surgir en la atención sanitaria. Sus miembros -diecinueve profesionales que pertenecen al ámbito sanitario pero también a otras disciplinas y que son de dentro y fuera de los hospitales y centros de salud- aclaran en estas líneas algunas de las preguntas de carácter social o moral que puede que muchas personas se estén haciendo a casi un mes del inicio de la vacunación contra la covid-19.
1) La campaña de vacunación ha empezado por las personas institucionalizadas mayores y con discapacidad y los profesionales sanitarios. ¿Esto está bien? ¿No deberían haber sido los primeros los jóvenes pues son quienes tienen mayor interacción social?
En principio, se trata de proteger primero a quienes sufren mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por su mayor vulnerabilidad -ancianos y discapacitados- siguiendo un criterio de solidaridad o bien por su mayor exposición -profesionales sociosanitarios de primera línea- por criterio de reciprocidad. Pero lo cierto es que la evidencia disponible sobre la capacidad protectora de la vacuna y sobre la menor la transmisión de la infección por las personas vacunadas es limitada. Como con cualquier fármaco la información de calidad sobre su seguridad y eficacia en condiciones reales requiere de años de seguimiento tras ser comercializado y esta vacuna aún no ha dado tiempo a probarla a largo plazo. Los jóvenes padecen la enfermedad en sus formas menos graves, incluso asintomáticos, y para evitar el riesgo de contagio personal y a terceros, están las medidas preventivas no farmacológicas de protección individual que han demostrado ser altamente efectivas. Estos criterios se corresponden con el principio de equidad, que no igualdad, que supone proveer a cada uno según sus necesidades.
2) ¿Quiénes tienen que ser los siguientes en ser vacunados tras los ancianos institucionalizados y los sanitarios de primera línea?
Por la mismas razones, ancianos dependientes no institucionalizados y sus cuidadores y el resto de profesionales sociosanitarios por los mismos criterios de los que hablábamos antes. Según la disponibilidad de vacunas también se debería priorizar a otros profesionales del ámbito sociosanitario (farmacéuticos, odontólogos, psicólogos...) y por riesgo alto de exposición, a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, profesorado, trabajadores de comercios y otros servicios comunitarios (cajeras de supermercados...) y dentro de estos colectivos priorizando los factores de riesgo personales.
3) ¿Tiene sentido vacunar a personas muy mayores con demencias avanzadas?
Este colectivo, precisamente, es el más vulnerables (de mayor riesgo y gravedad) y es al que más debemos proteger para no incurrir en una discriminación por su edad (edadismo) ni tipo de enfermedad. Debemos tener en cuenta los riesgos/beneficios y contextualizar cada caso y cada situación intentando dar una respuesta proporcional y deliberada. En principio, la vacuna supone más beneficio en evitar la enfermedad que riesgos en su aplicación, si bien es cierto que los ensayos clínicos publicados con estas nuevas vacunas se han realizado en población más joven, sin deterioro cognitivo avanzado y su seguimiento es a corto-medio plazo aún.
4) ¿Cómo usuario y paciente tendría una persona derecho a saber si los sanitarios que le atienden están vacunados? ¿Y negarse a que le atiendan si no están vacunados?
El estado vacunal de cualquier profesional es un dato confidencial que no puede ser facilitado a terceras personas salvo en casos excepcionales contemplados por la ley y la ética médica. Por otro lado, el hecho de que una persona esté vacunada no garantiza que sea inmune, ni se sabe aún si protege de reinfectarse o de contagiar a otros. No obstante, sí debemos exigir que los sanitarios guarden las medidas preventivas de protección individual. La tarjeta o carnet vacunal podría considerarse un derecho de la persona, siempre en beneficio del vacunado, no de manera generalizada para certificar que no se es infectivo.
5) ¿Las empresas pueden exigir que sus trabajadores se vacunen? ¿Y los colegios a los niños?
(Todas las respuestas, en la edición dominical de Diario de Burgos)