Algunos gestores expertos y la Autoridad Laboral ya lo advirtieron en mitad del aluvión de ERTE desatado días después de decretarse el estado de alarma en marzo de 2020. Había una alta probabilidad de una parte de los 5.570 expedientes aprobados en Burgos en unas pocas semanas no recogiesen la realidad exacta de las empresas solicitantes ni de algunos de los 26.500 trabajadores afectados. Pero en aquella primavera aciaga no hubo tiempo ni personal suficiente para las comprobaciones y ha sido la labor callada y constante de la Inspección de Trabajo en los últimos meses la que ha ido identificando y sancionando a aquellos empresarios -una minoría- que creyeron que con la crisis sanitaria se abría la barra libre de los fondos públicos y de la picaresca.

La Inspección de Trabajo ha sancionado hasta la fecha a un total de 78 empresas burgalesas por fraude en los ERTE dentro de la campaña de control iniciada tras decretarse el estado de alarma, en el mes de abril, campaña que a día de hoy continúa activa y que se prolongará más allá del 31 de mayo, fecha hasta la que se han prorrogado estas medidas laborales excepcionales enfocadas al sostenimiento de los puestos de trabajo durante el estado de alarma.

Los inspectores han iniciado en los últimos nueve meses un total de 592 expedientes correspondientes al mismo número de empresas sospechosas de cometer irregularidades, en torno al 10% de las que han recurrido a regulaciones. 437 de los controles ya han finalizado, dando como resultado la tramitación de 78 actas de infracción, lo que supone el 18% de los casos revisados.

El importe total de las multas en la provincia es de 212.131 euros, según los datos provisionales facilitados por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que supondría una media de 2.700 euros por empresa sancionada, aunque depende de la gravedad de la sanción.

Los sectores más afectados son  los que más han recurrido a los ERTE para paliar los efectos de los confinamientos y cierres obligados de negocio, encabezados por la hostelería y seguidos por el comercio. De hecho, actualmente, copan la gran mayoría de los 1.500 expedientesde regulación de empleo que continúan activos en la provincia, con 7.042 trabajadores implicados en los mismos.

irregularidades. Las infracciones detectadas en los controles, explica la jefa de la Inspección, Betina Ruiz, han sido variadas, destacando aquellas empresas que han contratado nuevos trabajadores (con salarios más bajos)teniendo a parte de la plantilla afectada por un expediente, seguidas de aquellas que facilitaron a la Oficina Territorial de Trabajo y al Servicio Público Estatal (SEPE) una documentación insuficiente, errónea o falsa con la finalidad de obtener unas prestaciones a las que realmente no tenían derecho.
También han sido prácticas irregulares muy habituales dentro de las empresas infractoras aquellas que han operado con trabajadores en regulación temporal de empleo, bien en el centro de trabajo o a través del teletrabajo, permitiendo al empleado cobrar el paro y a las empresas ahorrarse su salario.
En muchos casos, aprovechando la crítica situación laboral, se obligaba a los trabajadores a desempeñar sus tareas aunque tuviesen su contrato suspendido o por periodos de tiempo más amplios de los que permitían las reducciones de jornada contempladas en los ERTE. Todo ello a cambio de una remuneración ‘en negro’ o no.
En otros lugares de España, aunque no constan estos casos en Burgos, incluso se crearon hasta empresas fantasma para optar a las ayudas públicas ideadas como ‘escudo social’ para proteger la economía y el trabajo de las restricciones sanitarias.
El fraude detectado en Burgos se mueve en parámetros similares a los del resto de provincias, constata Betina Ruiz.

(Todos los detalles, en la edición impresa de este domingo)