El Ayuntamiento del Valle de Tobalina podría dejar de ingresar algo más de 7 millones de euros por las licencias de obra de los 44 nuevos contenedores para el combustible gastado de Garoña que están por llegar -2,3 millones- y las obras de desmantelamiento de la planta nuclear -5 millones, según los cálculos de fuentes de Amac-, si Enresa mantiene con todos los emplazamientos nucleares la reciente postura mostrada con el Ayuntamiento cordobés de Hornachuelos, donde se ubica el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja intensidad de El Cabril. Allí ha rechazado abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la reparación de un tejado y otras instalaciones, aduciendo que son de interés general, como marca la Ley de Cambio Climático, aprobada hace un año.
Enresa se niega a realizar el pago en un recurso de reposición presentado en el ayuntamiento cordobés y el grupo de los municipios cabecera de centrales nucleares, ya han decidido costear el pleito judicial que auguran dictaminará si Enresa debe o no abonar este ICIO. Su cuantía económica no es muy elevada, pero para Amac su valor es muy elevado puesto que considera que de esta sentencia dependen los futuros impuestos de obras por el desmantelamiento del resto de nucleares. Antes de la nueva ley, desmantelar Zorita supuso millonarios ingresos a su Ayuntamiento.
La situación de El Cabril lleva a pensar a los municipios con centrales nucleares que, como indicaba la Ley de Cambio Climático, las obras de desmantelamiento de las centrales quedarán exentas del ICIO. Si es así, la enmienda a la Ley de Cambio Climático que aprobó en el Senado en abril de 2021 quedaría en papel mojado. Y también la explicación del presidente de la Cámara Baja, Ander Gil, quien afirmó que la enmienda iba a permitir «aplicar la normativa general sobre obras públicas de interés general, que incluye la emisión de un informe por parte de los ayuntamientos y que implica la sujeción al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras».
Frente a ello, la alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González, manifestaba entonces sus dudas, dada el difícil encaje legal entre que las obras de las nucleares se declaren de interés general, al mismo nivel de las que se realizan por ejemplo en carreteras, y se pudiera cobrar el impuesto. Ayer lo volvió a dudar tras el pleno en el que PP y PSOE aprobaron las alegaciones del Ayuntamiento tobalinés al documento inicial del 7º Plan General de Residuos Radiactivos frente al rechazo de Vivir en Tobalina a las mismas.
«Teníamos previsto el cobro del ICIO por los contenedores, pero ahora el futuro económico del Ayuntamiento es muy incierto y se ve muy oscuro», afirmó la regidora que admitió como la subida de la electricidad, el gasoil y otros suministros «nos está haciendo muy cuesta arriba el mantenimiento de los servicios municipales que facilitan la vida en el medio rural».
Almacén bajo tierra. En sus alegaciones al Plan General de Residuos Radiactivos, el Ayuntamiento tobalinés plantea igual que los del resto de municipios nucleares que se descarte de forma definitiva construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC), y se apueste únicamente por un Almacenamiento Geológico Profundo, que Tobalina quisiera ver ejecutado antes de 2073, la fecha que plantea el documento del Gobierno. Asimismo, las alegaciones exigen que el plan deje claro que los almacenamientos en las propias centrales «son una solución temporal». También piden que se concrete la participación activa de los municipios en la toma de decisiones, la transparencia y consenso sobre los residuos nucleares frente a «las generalidades sobre participación» del plan y que se retire o modifique en profundidad la versión inicial del plan «por los déficit insalvables en sus previsiones temporales», dado que por ejemplo es imposible un ATC para 2028 como plantea.