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Junta y empresas se reúnen para resolver el parón fotovoltaico

G. ARCE
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El sector confía en que la cita prevista para final de mes permita desbloquear los más de 50 millones en parques afectados en Burgos por del Decreto Ley 2/2022

Promotores e instaladores renovables sufren lo que consideran «un cambio de las reglas de juego» en el sector. - Foto: Valdivielso

Junta de Castilla y León y empresarios, representados por FAE y Pecale (Federación de Instaladores Eléctricos de Castilla y León), entre otras patronales, se han citado para una reunión a finales del presente mes para intentar abordar algún «ajuste» en el Decreto Ley 2/2022 que permita desbloquear el parón que sufren numerosos proyectos fotovoltaicos con la tramitación ya iniciada, y que en Burgos cuestiona inversiones superiores a los 50 millones de euros. En concreto, se busca eliminar el carácter retroactivo de esta normativa y matizar el criterio de aplicación de los 500 metros de distancia de los parques a los cascos urbanos y a los polígonos industriales.

A la espera de lo que salga de este encuentro previsto, desde la patronal burgalesa se ve con cierto optimismo la resolución a la situación creada. Es más, aseguran, la Junta habría reconocido «errores» en el texto legal y expresado la posibilidad de «ajustarlos».

El Decreto Ley 2/2022, en vigor desde el pasado 24 de junio, adopta medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos procedentes de Europa. Una de las medidas contempladas (artículo 13) en esta normativa afecta directamente al sector renovable, pues establece una distancia mínima para los nuevos proyectos de 500 metros a los núcleos urbanos incluyendo también los polígonos industriales o los bienes de interés cultural (BIC).

La norma tiene efectos retroactivos (disposición transitoria primera), lo que supone la paralización de una docena de proyectos solares en Burgos que ya habían iniciado su tramitación administrativa y cuyos promotores habían avalado ante la Junta de Castilla y León. Son más de 50 millones de inversión en la provincia (100 si se contemplan los proyectos que se estaban gestando) y cerca de 200 millones en el conjunto de Castilla y León.

Hay parques paralizados en las cercanías del polígono de Villalonquéjar, de Burgos capital, en varios municipios de la Ribera del Duero y diferentes puntos de la provincia.
Los afectados son inversores privados (que buscan la rentabilidad de la venta de energía a red y la rápida amortización de la que disfrutan los parques), industrias locales (para autoconsumo) y la veintena de ingenierías y empresas instaladoras que trabajan en este ámbito, especializado en los formatos pequeños, hasta 5 megavatios (MW) de potencia instalada.

Modificación. Instaladores, promotores de renovables y patronales han urgido a la Junta una modificación reglamentaria del Decreto Ley 2/2022 que, entre otros cambios, exima de su aplicación a aquellos proyectos  de parques renovables que ya se encontraban en cualquier estado de tramitación antes de su entrada en vigor.

La Consejería de Medio Ambiente ya conoce por escrito, por diversos encuentros y por el parón en las tramitaciones las consecuencias del Real Decreto 2/2022. A este respecto, la patronal FAE se ha unido a la Federación Regional de Instaladores Eléctricos y a las patronales de las renovables para hacer llegar al Gobierno regional la preocupación existente y la necesidad de cambios urgentes que eviten una nueva crisis en el sector fotovoltaico.

Respecto al límite de los 500 metros a núcleos urbanos, «creemos que sería más lógico que la distancia fuese desde el límite del suelo urbano hasta el límite donde se ubiquen, exactamente, los módulos solares o cualquier otro elemento constructivo de la planta solar, y no del límite de la parcela». «Puedes disponer de una parcela de 100 hectáreas al lado de un pueblo y poder ubicar las placas en el extremo más alejado (a kilómetros) y no poder hacerlo porque la finca linda con el casco urbano», explican.

Las patronales, que nunca tuvieron un borrador previo de lo que pretendía el Gobierno regional, también quieren salvar de esta prohibición los suelos rústicos limítrofes a los polígonos industriales, en cuyo perímetro tiene sentido técnico poder instalar plantas solares para suministrar energía a las industrias.