Tomás Quintana López cumple la próxima semana un año como Procurador del Común, cargo del que tomó posesión en un acto celebrado por primera vez en la capital leonesa, que acoge su sede. Tercer hombre de leyes y letras que ostenta esa responsabilidad, este catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de León aceptó el encargo de ponerse al frente de una institución creada en 1995 a la que no escatima dedicación y empeño. La próxima semana defenderá el informe sobre el Comisionado de Transparencia, que depende de la Procuradoría, y sugerirá mejoras a la actual ley para dotarlo de más fortaleza.
¿Cómo lleva el objetivo que se marcó de dotar de más visibilidad a la institución?
Durante este año se han hecho bastantes cosas dirigidas a ese objetivo. He salido fuera de esta sede desde el primer momento, a las capitales, los grandes municipios de la Comunidad y me he entrevistado con las autoridades, he asistido a los eventos a los que he sido invitado, con el ánimo de que la institución tenga presencia. Tengo como lema que nada de lo que ocurre en la Comunidad me puede ser ajeno. Por ejemplo, cuando se produjo este verano un incendio en las inmediaciones de La Granja de San Vicente allí estuve para ver cómo estaban coordinados los distintos medios de extinción.
¿Percibe que la institución tiene un suficiente respaldo social suficiente en Castilla y León?
Sí, en gran medida, si por apoyo entendemos el cumplimiento de las obligaciones que tienen las administraciones y el resto de entes del sector público. Estoy razonablemente satisfecho; en general, las grandes administraciones cumplen debidamente con la obligación de auxiliar al Procurador en el cumplimiento de sus funciones. No todas lo hacen con la agilidad que consideramos necesaria y hay algunas incumplidoras -sobre todo pequeños y medianos municipios-, en alguna medida por la falta de medios, pero la obligación de colaborar tiene que satisfacerse en cualquier caso, porque va en beneficio de los ciudadanos.
Comprometió especial atención a los colectivos vulnerables y al mundo rural. ¿Son las líneas de actuación fundamentales o la realidad del día a día marca otras prioridades?
El medio rural en Castilla y León es fundamental porque es una comunidad autónoma muy extensa, con miles de municipios y entidades locales menores y el Procurador no puede ser ajeno a esa realidad y ha atendido especialmente las cuestiones relacionadas con el medio rural. El Procurador ha atendido e incluso hemos iniciado y concluido actuaciones de oficio que tienen como objeto fundamental la defensa de sus derechos, en el entendido de que tienen que tener los mismos que el resto de ciudadanos de la comunidad.
En la presentación del informe anual avisó de posibles responsabilidades penales si no se colabora con la institución. ¿Acudiría al Ministerio Fiscal?, ¿En qué casos?
Eso es una previsión legal para los supuestos en los que la falta de auxilio implique que el Procurador no puede realizar sus funciones y, por tanto, suponga un osbtáculo, acudir al Ministerio Fiscal para que se depuren responsabilidades. No dudaré, si lo tengo que hacer en algún momento, siempre que vea que hay una motivación clara, una falta de atención consciente y deliberada de atención al cumplimiento de las obligaciones para con nosotros. Afortunadamente, hasta el momento, no he tenido la necesidad de dirigirme a la Fiscalía. Incumplimientos ha habido pero no en esos términos radicales.
¿Cree que el cumplimiento de sus resoluciones es el adecuado?, ¿A quién hay que reclamar al respecto?
La estadística pone de manifiesto que el 75 por ciento de nuestras resoluciones son aceptadas y es un porcentaje importante. Hay un 25 por ciento que no se acepta y tengo que manifestar una contrariedad relativa, porque en aquellos casos en los que la Administración manifiesta de una forma motivada cuáles son las razones por las que no acepta nuestras resoluciones yo tengo que aceptar deportivamente esa falta de aceptación. Lo que no es aceptable en ningún caso es que nos den la callada por respuesta y quedemos en una situación de inseguridad y no se la transmitamos al ciudadano, porque no le podemos decir nada; tenemos que archivar el procedimiento y eso es absolutamente inadmisible, tanto para las grandes como para las pequeñas administraciones públicas.
De todos los ámbitos que abarcan las quejas que recibe y las actuaciones de oficio que lleva a cabo, ¿Cuáles son las que más preocupación le generan?
Aquellas en las que se pone de manifiesto una falta de prestación de servicios fundamentales o básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, sobre todo a personas vulnerables como mayores, infancia, menores, mujeres maltratadas... son los que lógicamente nos preocupan más. También la falta de prestación de los denominados servicios obligatorios que tienen que prestar los municipios como el abastecimiento de aguas, las comunicaciones, los parques y jardines...
Se propuso mayor agilidad en sus actuaciones y reforzar la Oficina de Atención al Ciudadano. ¿Cómo se ha avanzado?
Hemos reformado la Oficina de Atención al Ciudadano con un incremento del personal que recoge las quejas, hace el estudio inicial para darles trámite y la comunicación con los que se han quejado para aclarar dudas. Esa comunicación directa y personal me parecía fundamental en una comunidad extensa en la que hay muchas personas mayores que necesitan ser escuchadas directamente y no por otros medios que también son útiles, como la vía electrónica o el correo. En cuanto a la agilidad en la tramitación, hemos reducido las comunicaciones con las administraciones, el número de requerimientos que hacemos; con tres es suficiente y creo que ya se ha demostrado eficaz.
En este año que lleva en el cargo, ¿Hay algo que le haya sorprendido o hecho variar la visión previa que tenía de la institución?
Me ha reafirmado en algo que yo creía: que la institución funcionaba bien y he podido constatar que es así. Sin embargo, debo decir que siempre hay cosas que son mejorables y, de hecho, este año hemos puesto en marcha muchas actuaciones dirigidas al mejor funcionamiento de la institución y le cito algunas: además de la sede electrónica, como herramienta fundamental para relacionarnos con las administraciones y los ciudadanos, hablábamos antes de la reforma de los procedimientos con objeto de hacerlos más ágiles, hemos organizado la biblioteca de la institución para poder manejar las fuentes que nos permitan resolver los asuntos con conocimiento de causa, acabamos de poner en orden el archivo de la institución, que es una acumulación ordenada de documentos para que sean útiles... en fin, se están haciendo cosas.
Está preparada la institución para interactuar y relacionarse con las nuevas generaciones?, ¿La sede electrónica es la herramienta adecuada o hay que dar un paso más?
La sede electrónica, que ya está operativa, nos parece un paso fundamental para relacionarnos con terceros, también con las personas que por su formación o conocimiento de las herramientas informáticas pueden relacionarse con nosotros sin ninguna dificultad, pero más allá de eso... hombre, podríamos hacer uso de otras herramientas que nos proporciona el momento actual, como las redes sociales; ese paso no lo hemos dado, no descarto que en algún momento lo demos pero hay que dar tiempo al tiempo.
¿Ha tenido ya algún caso que le haya parecido especialmente grave o llamativo y sobre el que haya podido intervenir?
Tengo claro que los casos tienen una dimensión objetiva; no todos tienen la misma importancia desde el punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista de la persona que se queja su caso es el más importante. En mi principio de actuación tengo como cierto que tengo que dar la máxima importancia a todos los casos que nos llegan. Parto de la idea de que quien se duele ante nosotros tiene que tener la comprensión debida por parte de la institución como para darle la máxima importancia y resolverlo.
¿Qué ha aprendido en este primer año sobre la realidad de Castilla y León y el funcionamiento de las instituciones?
Yo me consideraba un buen conocedor de la realidad de Castilla y León pero el desempeño del cargo de Procurador del Común te acerca mucho más a la realidad, a una realidad más perceptible, porque así viene impuesto, toda vez que nos llegan problemas que tienen las personas y, por tanto, nos acercan a la realidad. En este año creo que haber conocido mucho más de lo que conocía de Castilla y León y espero en los años sucesivos poder aprender más, que es de lo que se trata.
¿Se atreve a hacer un diagnóstico de la situación de la Comunidad?
Tiene sus peculiaridades dentro del conjunto del país; es muy extensa desde el punto de vista territorial, con una dispersión poblacional muy grande, un envejecimiento de la población también importante, un acusado proceso de despoblación, que no es algo de ahora sino que viene de atrás... incluso de hace 40 y 50 años, que es cuando comienza el proceso migratorio del medio rural a las ciudades. Es un problema importante que habrá que abordar y por lo que se refiere a mí, evidentemente el Procurador del Común no es una institución política en la que se manejen recursos públicos ni tiene la llave del Boletín Oficial de la comunidad autónoma. ¿El futuro de la Comunidad? No me aventuraría... en un mundo globalizado es muy difícil desvincularse de lo que ocurre alrededor; estará directamente relacionado con lo que ocurra en España, Europa y el mundo.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes de aprobar en Castilla y León
Creo que el gran problema de Castilla y León y de otras comunidades es el proceso migratorio -que se produce desde tiempo atrás y que no parece que se pueda resolver- que tiende hacia las zonas del litoral y que deja lo que constituye el centro del país en un proceso de despoblamiento importante, salvo las grandes ciudade y, particularmente, Madrid y su entorno. El gran problema que yo veo en Castilla y León es que ese proceso migratorio no pare en los pueblos sino que avance hacia las ciudades medianas e incluso hacia las grandes ciudades de la Comunidad.
¿Qué le parece lo más gratificante de su tarea y lo menos agradable?
Lo más gratificante es poder ayudar a los demás y eso suple cualquier problema -que los hay, cualquier motivo de inquietud -que los hay- y, por el contrario, lo que más me produce insatisfacción es no tanto los problemas que se abordan aquí, los motivos de queja, que también, sino los casos en los que veo una actitud poco sensible por parte de las administraciones públicas para resolver esos problemas. Eso es lo que más me inquieta; falta de sensibilidad de quienes están ocupando cargos públicos y, por tanto, se deben a sus ciudadanos, que no tienen la suficiente sensibilidad para atender aquellas quejas que nosotros les transmitimos e intentamos resolver. Debo decir que aunque me inquieta, no ocurre con mucha frecuencia, pero cuando ocurre es lo que más insatisfacción me produce.
¿Cómo se articula y es susceptible de ser mejorada la colaboración con el Defensor del Pueblo?
Con el Defensor del Pueblo y con las Defensorías de otras comunidades autónmas las vías de coordinación en una ley de 1985 más algunos convenios que se han hecho con algunas instituciones, de manera que ahí no veo ningún problema. Nosotros nos ocupamos de las quejas que nos vienen de los ciudadanos en relación con administraciones y entes públicos de la Comunidad. El Defensor del Pueblo puede recibir una queja de un ciudadano de León en relación con el ayuntamiento y lo puede resolver, está legalmente habilitado para ello; ahora bien, si yo recibo una queja de un ciudadano de León en relación con el Ministerio de Fomento debo trasladarlo inmediatamente al Defensor del Pueblo para que sea él quien la resuelva. El mecanismo existe y no he visto ningún problema, al menos en este año.
El Comisionado de Transparencia de Castilla y León depende del Procurador del Común. ¿Una Consejería de Transparencia complementa, interfiere o no afecta a su labor?
Son dos ámbitos distintos; la Consejería de Transparencia me parece que está llamada a cumplir sus funciones en el ámbito de la propia administración autonómica y yo ejerceré mis funciones también en el ámbito de la comunidad autónoma pero supervisando el cumplimiento de la normativa de Transparencia por parte de la administración autonómica y de cualquier otra de la Comunidad. En la medida en que hay un órgano encargado de la Transparencia, la actividad que desarrolle ese órgano puede ser perfectamente complementaria de la que yo pueda realizar y desde esa perspectiva, me parece bien. Por tanto, incompatibilidad, ninguna; desajustes, no tiene por qué haber; complementariedad, sí la puede haber.
Su antecesor reclamó más medios personales y materiales para atender el incremento de trabajo que conlleva ese organismo. ¿Se ha atendido esa petición?
De momento, la comisión de Transparencia trabaja con los medios que le proporciona el Procurador del Común y dependiendo de los medios de los que disponga el Procurador, se podrá atender con mayor o menor dedicación a la Comisión de Transparencia. Dependiendo del futuro, de cómo se desarrollen los acontecimientos, habrá que pensar en incrementar personal o no. Estamos en periodo de observación, a ver cómo evoluciona. El primer año de funcionamiento se presentaron 100 quejas, el segundo, 200, el tercero más de 300 y este año ya vamos por encima de las 250.