En junio de 2019, el joven emprendedor Raúl Moreno firmaba el contrato de arrendamiento del hotel rural y restaurante El Molinar, propiedad del Ayuntamiento del Partido de la Sierra en Tobalina. A su disposición tenía un flamante negocio equipado de siete dormitorios, cocina, sala para 42 comensales y cafetería, en el que se invirtieron más de 700.000 euros. El pasado mes de mayo, el equipo de gobierno decidió no prorrogar el contrato, que se renovaba año a año, siempre y cuando alguna de las partes no comunicase su negativa con dos meses de antelación. Pese a ello, el concesionario continúa sin entregar las llaves y permanece en las instalaciones cerradas desde septiembre, lo que ha llevado al alcalde, Luis Gómez, a iniciar el proceso de desahucio.

Las diferencias entre concesionario y Ayuntamiento comenzaron cuando se observó que los días laborables siempre cerraba y algunos fines de semana cerraba o solo daba servicio a sus huéspedes, pero no el de cafetería y restaurante a clientes externos. El interés municipal por solicitar una ayuda para instalar placas solares en el edificio fue otro punto de desencuentro, puesto que tuvo que ser el pleno el que exigiera al concesionario una factura de electricidad, necesaria para la solicitud de la ayuda y que se negaba a entregar.

En el pleno del 29 de marzo se acordó notificar al concesionario que no se le iba a prorrogar el contrato a menos que presentase esa factura y  un compromiso de apertura del establecimiento todos los fines de semana para dar, no solo el servicio de alojamiento, sino también el de restaurante y bar. El documento presentado por el hostelero no respondía de forma clara al compromiso solicitado, por lo que se da por notificada la no prórroga, y en de mayo, el pleno resolvió el contrato, dándole 15 días para entregar las llaves.

El alcalde explica como el Ayuntamiento con el apoyo de la Guardia Civil tiene capacidad legal para llevar a cabo el desahucio, pero para contar con el mayor amparo posible, se ha solicitado al Juzgado de Villarcayo autorización para la entrada en el establecimiento. Gómez confía en que llegue antes de final de año y en el primer trimestre se pueda volver a licitar la gestión y explotación de un negocio, del que se muestra seguro que puede funcionar muy bien a solo 5 kilómetros de la turística ciudad de Frías. El Consistorio propondrá de nuevo un contrato de un máximo de 10 años, prorrogable año a año, y con un canon de 6.000 euros al año. El concesionario siempre ha abonado el canon hasta junio, pero sigue utilizando las instalaciones, donde incluso hay un perro en el comedor, visible desde el exterior.

Por su parte, Raúl Moreno, que ha preferido no realizar declaraciones, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno de mayo, que le rescindió el contrato. No obstante, el Juzgado le ha negado la suspensión cautelar del acuerdo de resolución del contrato, por lo que debía de haber entregado las llaves.