Treinta años después de la entrada en vigor de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales, una cuarta parte de los vertidos urbanos y asimilables que se generan en la provincia de Burgos aún no reciben un tratamiento adecuado, situación que se agrava en los municipios de menos de 2.000 habitantes equivalentes donde, o todavía no hay depuración o la que hay no se somete a los controles necesarios para ver si realmente es efectiva y cumple con la legislación.

Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del informe sobre la calidad ambiental de las aguas en Castilla y León, que se recoge en la Memoria Anual del Consejo Económico y Social (CES), publicada recientemente.

En el mismo trabajo se detalla que, en el ámbito de las poblaciones superiores a 2.000 habitantes equivalentes (en términos de vertidos), las afectadas por la directiva europea del 91, el 98,68% de los habitantes de la provincia (1,03 millones de habitantes equivalentes) dispone de sistemas de depuración. Es un porcentaje por encima de la media de  Castilla y León (98,25%, 4,9 millones de habitantes equivalentes) pero que mejoran provincias como León y Soria, que alcanzan el 100%. Es un porcentaje que, además, apenas ha variado en los últimos años para lograr el objetivo de una completa cobertura.

Castilla y León cuenta con 198 estaciones depuradoras activas en municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, 20 de ellas en la provincia de Burgos, según el trabajo del CES. Pese a ello, el 40% de los vertidos urbanos no se trata adecuadamente a nivel regional, lo que afecta a un 15% de la población en términos equivalentes.

El pasado año se cuantificaron 987 vertidos urbanos y asimilables en la provincia, la gran mayoría a ríos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Duero (54 millones de metros cúbicos/año), seguida de la del Ebro (10,5 millones) y, en menor medida, la del Cantábrico (0,3 millones).

El porcentaje de estos vertidos tratados adecuadamente ronda el 75%, aunque en términos de población equivalente alcanza el 94,04% de los habitantes en el territorio del Duero, el 86,13% en el del Ebro y se desploma al 24,85% en la cuenta del Cantábrico, focalizada en el Valle de Mena, lo que equivale a una población 1.143 habitantes.

El profesor Luis Marcos, director del UBU Verde, detalla que por tratamiento adecuado se entiende que los vertidos han sido sometidos a tratamientos primarios (procesos de decantación para eliminar sólidos en suspensión) y secundarios (biológicos, por los cuales las bacterias se alimentan de la materia orgánica).

No incluyen los tratamientos terciarios ni la reutilización de las aguas depuradas, aspectos estos esenciales en la directiva europea y en los cuales aún hay muy pocos avances, también en la capital burgalesa. Los tratamientos terciarios centran su acción sobre los detergentes, los nitratos y los fosfatos o los contaminantes como disruptores hormonales, medicamentos, drogas o los microplásticos "que como entran por las depuradoras salen...".

En 2020 se autorizaron 182 vertidos industriales con un volumen total de 31,5 millones de metros cúbicos al año, siendo la Confederación Hidrográfica del Ebro la principal receptora (28,2 millones). Burgos aglutina el 21% de los vertidos industriales autorizados de Castilla y León.

En este ámbito, el informe del CES no detalla que proporción del vertido industrial se trata correctamente o no.

Rural. El informe del CES no se detiene tampoco en el ámbito bajo el umbral de las poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes, lo que engloba a buena parte de los pequeños municipios de la provincia. "Hay muchos casos en los que sus estaciones depuradoras no funcionan porque no tienen ningún mantenimiento desde su inauguración. En Burgos se controlan las aguas potables, pero no existe el mismo control en los vertidos de los pequeños municipios a los ríos", puntualiza Marcos.

El profesor advierte de que la población en el medio rural varía dependiendo las épocas del año. "Muchos pueblos multiplican su población y sus vertidos de aguas residuales, sobre todo en época estival, cuando los cauces de agua que reciben esos vertidos están muy bajos o prácticamente secos y son incapaces de autodepurarse".

Nitratos. En el ámbito rural, llama la atención el crecimiento de las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola (fertilizantes hidrogenados y fosforados) y ganadero (purines, principalmente). El último decreto al respecto aprobado en 2020 declara 24 zonas vulnerables en Castilla y León integradas en 387 municipios, frente a las 10 zonas y 67 municipios que contemplaba el decreto precedente de 2009.

Las zonas afectadas en la Comunidad abarcan más de 14.414 kilómetros cuadrados, 10.000 más que en 2009, e incluyen municipios en los que la contaminación puede estar introduciéndose. Las provincias más vulnerables son Valladolid y Burgos, y en menor medida Palencia y Segovia. En Burgos implica, principalmente, a las cuentas de los ríos Arlanza, Urbel, Arandilla, Gromejón, Oca y el Ebro a su paso por Miranda.

"Ni una de las zonas vulnerables declaradas en 2009 se ha recuperado y a ellas se han sumado 14 más, algo que alarma porque las zonas más contaminadas son acuíferos subterráneos y necesitarán de muchos años para recuperarse", advierte el director de UBU Verde, quien recuerda que ya hay localidades en la provincia que han clausurado sus captaciones porque han detectado más de 50 miligramos por litro de nitrato, por lo que no se puede beber.

"A estas alturas del siglo XXI todas las aguas residuales deberían estar depuradas correctamente, al igual que los vertidos ganaderos. Existen sistemas para tratarlos pero no se utilizan porque económicamente no interesa".