Castilla y León aplaza a la próxima semana la decisión sobre implantar o no el pasaporte covid en algunos espacios como hospitales y albergues, e incluso ampliarlo a otros. Y no será la única medida que debata en el próximo Consejo de Gobierno previsto para el 9 de diciembre, ya que también llevará a dicha reunión la posibilidad de entregar test de antígenos a la población como ya ha anunciado la Comunidad de Madrid.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, indicó este jueves tras la celebración del Consejo de Gobierno que una vez terminado el puente de la Constitución y la Inmaculada se estudiará la idoneidad de aplicar el pasaporte covid, en función de la evolución de los contagios que han seguido aumentando durante la última semana en la que la incidencia ya roza el riesgo alto en la Comunidad.
Al respecto, remarcó que se ha producido una variación con la sentencia del Tribunal Supremo que estima el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de País Vaco (TSJV), que impedía exigir el certificado covid digital para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.
Igea explicó que este fallo crea jurisprudencia, por lo que más allá del informe de los servicios jurídicos, recibido hace 48 horas y que incluía recomendaciones y enmiendas para aplicar el pasaporte covid en Castilla y León. Esto, indicó, además permite ampliar la propuesta, que insistió se debatirá en siete días, con «todas las posibilidades».
En ese sentido, Francisco Igea aseguró que según evolucionen los datos en los próximos días se tomarán o no otras decisiones, ya que no ocultó que el incremento de contagios del pasado miércoles fue un «poco sorprendente», al alcanzar los 900. «Vamos a ver cómo evolucionan», dijo.
Asimismo, el portavoz de la Junta defendió que el semáforo o acuerdo de actuaciones coordinadas ha cambiado, con la incorporación de dos nuevos indicadores, como son la tasa de ingresos en hospitales o unidades de cuidados intensivos en los últimos siete días por cada 100.000 habitantes.
En ambos, recalcó el vicepresidente, la Comunidad sigue en nueva normalidad o riesgo bajo, por lo que descartó la aplicación en este momento de restricciones, como se hacía en el pasado al aumentar la incidencia acumulada.
Test covid
Respecto a otras medidas que podrían ponerse en marcha como la entrega de test de antígenos a toda la población, también se debatió en la reunión de este jueves aunque no se adoptó ninguna decisión ante la ausencia de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, como recoge la agencia Ical. En una semana se volverá a debatir sobre esta medida, que el Ejecutivo tampoco descarta.
Igea aseguró que, de momento, la Junta no se ha planteado distribuir un test entre la población, pero tampoco lo descarta, tras comentar la decisión del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. En ese sentido, Igea aseguró que se volverá a debatir sobre ello la próxima semana y explicó que esta medida supone una «complicación» en relación a cómo se implementa, es decir, si se entrega con la tarjeta sanitaria o la receta. Además, apuntó que un único test no es una nueva prestación del sistema de salud, que recordó no incorpora esta prueba de forma gratuita.
El portavoz sostuvo también que tiene dudas de que un único test tenga un «gran impacto» en términos de salud pública, porque se preguntó cuándo se lo hacen los ciudadanos esta Navidad, es decir, en la cena de Nochebuena, Navidad o Nochevieja.
No obstante, el vicepresidente insistió en que la recomendación de la Junta es que toda la población se haga un test de antígenos si tiene síntomas para evitar poner en riesgo a familiares y compañeros. Remarcó que es un «buen consejo» que se hagan test «con toda amplitud» entre las personas con síntomas catarrales y de manera sistemática.
Igea insistió en que la mejor medida para luchar contra el virus es la vacunación, aunque desde su punto de vista descartó que fuera obligatoria, como planteó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que supone un «debate abierto» en el continente. «Yo no cambiaría las cosas», dijo ante los resultados de la campaña de inmunización en España. El vicepresidente insistió en que en España hay una legislación «que hay que respetar», como la ley de derechos y garantías del paciente. «Lo importante, no es la obligatoriedad, sino efectividad de las medidas», dijo.