La pandemia y sus secuelas han tenido también un claro reflejo en la afluencia de demandas judiciales de trabajadores contra la Seguridad Social. En el último año se han registrado un total de 873 procesos y recursos en la provincia de Burgos, lo que supone un crecimiento del 63% con respecto al ejercicio previo a la crisis sanitaria, en 2019, cuando se contabilizaron 338 menos. La suspensión de los plazos procesales acordada durante el estado de alarma está detrás de este atasco y de que la resolución de estos contenciosos acumulados se dilate más allá de un año y medio para el trabajador reclamante.

El incremento registrado en Burgos está, además, muy por encima del nivel medio alcanzado a nivel nacional (24,3%) y se fundamenta especialmente en el aumento de los procesos por reclamaciones por desacuerdos en la resolución de las incapacidades permanentes o temporales, tanto en el grado de incapacidad acordado, la cuantía de la prestación económica o los plazos de revisión de las incapacidades por agravación o mejora. 

Los contenciosos por incapacidades permanentes pasan de los 185 del ejercicio 2019 a los 341 del 2021, lo que supone un incremento del 84%. Por lo que respecta a las temporales, los casos suben un 17%, desde los 200 previos a la pandemia a los 234. 

También se duplican las denuncias para las revisiones de los grados de incapacidad, de 10 a 28, según lo recoge la estadística anual del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, publicada recientemente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los expertos reconocen que el incremento de las demandas judiciales obedece a una acumulación de estas en los últimos dos años, lo que se ha notado en todos los ámbitos judiciales, aunque también perciben el reflejo de la crisis sanitaria entre los trabajadores demandantes, que intentan acortar o poner fin a su vida laboral logrando una incapacidad permanente en sus diferentes grados. 

«Aunque cada caso tiene sus particularidades, sí que hay trabajadores que arrastraban problemas de salud durante la pandemia y que ahora han decidido dar un paso adelante», explica Gabriel Palacios, socio de Gamonal Abogados y especialista en este tipo de contenciosos.

Procesos. Estos litigios se inician cuando se agota el tiempo máximo de 365 días (más 180 días excepcionales) de una baja laboral, de una incapacidad temporal, y los equipos de evaluación de incapacidades (EVI)de la Seguridad Social proponen, de acuerdo con un informe médico y los antecedentes, el alta al interesado o bien pasar a uno de los cuatro tipos de incapacidades permanentes. 

Estas son la parcial (lo que supone una disminución no inferior al 33% en el rendimiento de la profesión habitual), total (inhabilita para la profesión habitual, pero puede dedicarse a otra), absoluta (inhabilita para cualquier profesión) y gran invalidez (donde se necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida). 

El trabajador demandante aspira a dejar de serlo con las mejores condiciones económicas y vitales posibles, aunque, por lo general, los tribunales de la Seguridad Social son muy estrictos en sus resoluciones. De hecho, las sentencias favorables a los trabajadores frente a la Seguridad Social no son mayoritarias y las favorables al demandante suelen reconocer, por lo general, hasta un grado más de incapacidad que el que establecieron los tribunales médicos.

Todas estas demandas se tramitan a través de los tres juzgados de lo Social de Burgos, cuyos tiempos de resolución son dilatados -hasta año y medio- aunque lejos de lo que ocurre en otras provincias, donde se superan ampliamente los dos años de espera a una sentencia. 

En el caso de los 341 procesos registrados por incapacidad permanente durante 2021, en 110 el fallo judicial fue favorable a la Seguridad Social y en 94 se atendió al demandante. En incapacidad temporal, 107 de los 234 procedimientos terminaron con un fallo favorable a la Administración Pública y en 30 fue a favor del trabajador.

«Nos encontramos una gran variedad de casos y circunstancias, desde discapacidades físicas por enfermedades degenerativas, por los esfuerzos físicos desarrollados durante años de vida laboral, por accidentes de trabajo y también de tráfico», explica Gabriel Palacios.

Paternidades. Al despacho de estos profesionales laboralistas también han llegado otras reclamaciones vinculadas al complemento de paternidad, reconocido para los padres de dos o más hijos a raíz de la sentencia de 12 de diciembre del 2019, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El fallo europeo declaró que la norma española que regulaba el complemento por maternidad era discriminatoria por razón de sexo. 

A raíz de esta, los pensionistas que tengan reconocida una prestación de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, y sean padres de dos o más hijos, tendrán derecho a que se les reconozca dicho complemento.

A nivel nacional, según recoge la memoria anual del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, se han tramitado 12.680 procedimientos vinculados a los cambios en la paternidad durante 2021. En Burgos son 91 frente a los 2 casos que se registraban antes de la pandemia y del fallo de alto tribunal europeo.

Las reclamaciones por el Ingreso Mínimo Vital también aparecen como novedad en la estadística. Son 18 en el pasado ejercicio y previsiblemente irán en aumento tras la implantación de esta prestación.

El anuario estadístico concluye que las condenas en costas contra la Seguridad Social son tres el pasado año, por un importe reconocido de 5.468 euros. En el cómputo nacional, el organismo ha tenido que hacer frente a 2.371 condenas en costas por valor total de 2,7 millones de euros.