El proyecto para construir una planta de hormigón ha levantado a los vecinos de Bardauri y Los Corrales. Por eso, decidieron unirse y formar un frente común con el primer objetivo de presentar alegaciones dentro del periodo de exposición pública. El abogado Luis Oviedo ya las ha dado forma y explica que los reparos que entregará ante el Ayuntamiento de Miranda tienen como base que el uso que pretende dar la empresa Áridos del Norte al suelo previsto está «prohibido», por lo que a su juicio sería ilegal.
La empresa detalló a este medio que su intención no pasa por ampliar las dimensiones de la cantera en la que planean edificar la planta, sino que estaría dentro de la explotación actual. Pese a este argumento, Oviedo reitera que «con independencia de que ya exista una actividad, conforme a la directiva de hábitats y la ley, la zona pertenece a suelo de protección natural y la planta de hormigón es un uso prohibido por la ley de Urbanismo y el reglamento».
Además, el letrado indica que «no se han cumplido todos los trámites relacionados con las características de especial conservación». En este sentido, Oviedo remarca que la mercantil a la hora de presentar la documentación debería de haber incluido pruebas que «acreditaran de una manera absoluta que no hay afectación a los valores que dieron lugar a la aprobación del espacio». A este respecto, hay que tener en cuenta que el área donde quiere instalarse está próxima a una Zona de Especial Protección para las Aves, en especial, por las que anidan en el entorno.
Con cualquiera de estos dos argumentos, Oviedo considera que la petición de la empresa debería revocarse y añade que «cualquier autorización excepcional de suelo rústico está vinculada al interés público y en este caso no hay ninguno». El abogado reconoce que este es un argumento más subjetivo, pero opina que «lo que hay en esta tramitación es el interés del promotor, que como tiene el suelo se evita tener que irse a otro industrial». Precisamente, el letrado apuesta porque esta iniciativa pueda desarrollarse en alguno de los polígonos «y que cada actividad vaya donde tiene que ir», zanja.
Al margen de los reparos contrarios a la instalación, Oviedo indica que «hay un proceso de nulidad del trámite de información pública, puesto que no está el expediente en la página web». Este requisito se establece en «la ley de transparencia», por lo que el letrado indica que lo hecho hasta el momento no vale y hay que volver al punto de partida en la información a los ciudadanos. Con esta medida, los vecinos verían cómo se retrasa el procedimiento, aunque podría reiniciarse sin que tuviera un efecto sobre la decisión final del Consistorio.
Postura municipal. En el Ayuntamiento remarcan que la administración local simplemente sigue el procedimiento ante la petición Áridos del Norte. Por eso, emplazan al final del periodo de exposición pública, porque remarcan que las alegaciones de los vecinos -y otras que también pueda haber, como las anunciadas por IU- se entregarán a la empresa para que pueda contestar.
El departamento de Urbanismo cuando la firma complete esa respuesta volverá a analizar lo que exponen los vecinos y el promotor, para decidir el sentido de su dictamen. Más allá de esta explicación municipal, otras fuentes consultadas, remarcan que el proceso podría judicializarse por alguna de las partes, lo que haría que el procedimiento entrara en otra fase distinta.
Dentro de la documentación entregada por la empresa, se asume que la actividad puede ser «molesta», aunque matizan que los vecinos de las zonas afectadas -principalmente la pedanía de Bardauri y el barrio de Los Corrales- no notarán la diferencia respecto al ruido y el polvo que perciben ahora, cuando en la zona ya existe una cantera en funcionamiento. Además, Áridos del Norte considera que la instalación «no implica modificación, ni alteración del suelo», por lo que el permiso se adapta a la normativa vigente.