El agujero económico que presuntamente dejó la ya exgerente delColegio de Abogados de Burgos, Teresa Gallego, en las cuentas de la institución resulta cada vez más profundo. Un informe preliminar, elaborado para el pleito laboral, lo eleva a una cifra cercana a los 400.000 euros, cantidad que tampoco es definitiva, puesto que aún no ha concluido la auditoría externa encargada ex profeso -al margen de la anual- para clarificar todos los movimientos.

El presunto desvío de fondos motivó el despido disciplinario de la trabajadora, una de las más veteranas del Colegio, el pasado mes de abril. La afectada ha recurrido a los tribunales y uno de los juzgados de lo Social ha fijado inicialmente la vista para primeros de agosto. En paralelo, la Junta de Gobierno presentó una denuncia que ha recaído en Instrucción número 3, órgano que ha abierto diligencias previas y  tendrá que determinar si ha cometido algún delito y en su caso tipificarlo, ya sea como administración desleal o como alguna otra de las figuras recogidas en elCódigo Penal.

La alarma saltó al detectarse en la última auditoría anual una factura supuestamente falsa de una empresa que no se había llegado abonar. A partir de ahí, los responsables del Colegio tiraron del hilo y empezaron a descubrir más documentación manipulada y servicios impagados.

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