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Sin dinero para las depuradoras asociadas a Castrovido

P.C.P.
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Reconoce a los senadores Javier Lacalle y Cristina Ayala que pretende adjudicar en 2022 el proyecto, pero que «de momento» carece de «disponibilidad presupuestaria» para ejecutarlo. El coste supera los 11 millones de euros

La presa se inauguró el mes de junio del pasado año. - Foto: Alberto Rodrigo

El Gobierno central tiene una deuda con los municipios de la cuenca alta del Arlanza desde que se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la presa de Castrovido, hace más de 20 años. Pero no podrá saldarla al menos hasta 2024. Este año que acaba de comenzar tampoco hay «disponibilidad presupuestaria» para afrontar la construcción de las instalaciones en nueve localidades -estaciones depuradoras y colectores-, según ha reconocido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en una respuesta parlamentaria a los senadores Cristina Ayala y Javier Lacalle. 

El proyecto afecta a Canicosa de la Sierra, Quintanar, Palacios, Regumiel, Monasterio, Vilviestre delPinar, Castrovido, Hacinas y Castrillo de la Reina. El informe de impacto ambiental favorable se publicó a finales de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. «Una vez finalizada la tramitación ambiental, se proseguirá con el resto de trámites administrativos para poder licitar y adjudicar el proyecto en el ejercicio del año 2022. De momento, y hasta que no se apruebe definitivamente el proyecto y se autorice el gasto correspondiente, no existe disponibilidad presupuestaria» este año, remarca el Gobierno de Sánchez a los senadores del PP.

El presupuesto estimado supera los 11 millones de euros (9,37 más IVA), cantidad en la que se incluye la ejecución y el posterior periodo de explotación de 12 meses. Las obras tendrán un plazo total de ejecución de 18 meses, según informa el Miteco, y contemplan la construcción de 8 estaciones depuradores, puesto que Castrovido tendrá dos pequeñas, y la conexión a la de Salas de los Infantes de la red de aguas residuales de Hacinas y Castrillo de la Reina, localidades que precisarán 5,5 de los 8 kilómetros de colectores que incluye el proyecto. 

La tramitación ambiental sufrió un leve retraso en 2020, al considerar el Ministerio para la Transición Ecológica que la Confederación Hidrográfica del Duero debía presentar un estudio conjunto y no cinco documentos ambientales independientes, uno para cada depuradora, analizando por separado las alternativas, los impactos y el riesgo de cada una de ellas. 

Modificado este aspecto, posteriormente la CHD pidió segregar del expediente la actuación correspondiente a la localidad de Palacios de la Sierra, cuyo Ayuntamiento ha planteado un cambio de ubicación de las instalaciones y del trazado de la red de colectores, en aras a minimizar el número de vecinos y fincas afectadas, que el organismo de cuenca se ha comprometido a analizar.