El malestar se está generalizando entre buena parte de la plantilla del Palacio Provincial, cerca de doscientos empleados, tras recibir una carta del departamento de Personal de la institución provincial comunicando que deberán trabajar unas 40 horas, o compensar las mismas con días de asuntos propios o vacaciones, para ‘devolver’ el permiso retribuido recuperable concedido desde el Gobierno central, comprendido este del 30 de marzo al 8 de abril del 2020.
El responsable de personal, Lorenzo Rodríguez, a pesar de las críticas de los empleados y de los sindicatos, defiende la medida señalan que «hay que ser justo con todos los trabajadores y durante ese permiso algunos no vinieron a trabajar y otros lo hicieron toda la semana, como por ejemplo los de las residencias y algunos departamentos», asegura, a la vez que plantea que la única solución es que «los que no trabajaron, y cobraron, devuelvan esa horas o pagar un complemento a los que sí lo hicieron». En cualquier caso, Rodríguez señala que los empleados afectados disponen de diez días para presentar las alegaciones que consideren.
Muchos de los empleados, aseguran desde el Sindicato Obrero Independiente (SOI), ya han expresado su voluntad de recurrir y de este sindicato ya se están una reclamación tipo para facilitar las mismas.
Única administración. Desde el SOI recuerdan que en el mes de julio, en una mesa general de negociación, los responsables de Personal se encontraron ante la intención de aplicar esta medida «con el rechazo unánime de la parte social, denunciando la imposibilidad de aplicar debito de crédito horario alguno, pues contraviene los informes emitidos por el Ministerio de Política Territorial y la Federación de Municipios y Provincias».
Desde el SOI consideran que se puede estar cometiendo «un acto de prevaricación» y aseguran que «ni la Junta, ni ninguna administración local está aplicando esta recuperación ilegal de horas a sus empleados, porque el informe del Ministerio es claro: no es aplicable la recuperación del permiso retribuido recuperable ni a la Administración General del Estado ni a las entidades locales».
Además, este sindicato denuncia que «no se ha cumplido los siete días preceptivos que marcaba el decreto para la negociación del citado permiso, ni se ha facilitado el listado de aquellos empleados que deberían devolver ese tiempo de trabajo», una situación que a su juicio obedece «al oscurantismo» del departamento de Personal, «que sabe de la ilegalidad de la medida y quiere colársela por la puerta de atrás a los empleados más ingenuos y dóciles» afirman. El SOI pide la retirada inmediata del decreto que obliga al descuento de los días de libre disposición, «por considerarlo un robo, que solo desmotiva a los empleados y que contraviene la legalidad vigente».