Los abogados de Burgos están que trinan con el rechazo del Senado a la propuesta de aplicar un Impuesto de Valor Añadido (IVA) reducido al 10% a los honorarios que cobran tanto estos profesionales como los procuradores o los graduados sociales. La finalidad de tal proposición, que llevó el PP a la Cámara Alta, no era otra que facilitar a los ciudadanos el acceso a la Justicia, pero no va a ser así, los usuarios de los tribunales tendrán que seguir haciendo frente a un impuesto del 21%.

El decano del Colegio de Burgos, Guillermo Plaza, no entiende que no haya acuerdo entre los partidos en torno a esta cuestión, máximo cuando en la cultura, por ejemplo, sí se aplica del tributo reducido. El representante de los letrados de esta provincia advierte de que muchos de quienes acuden al juzgado lo «hacen para defender sus derechos fundamentales, desde víctimas de delitos, hasta trabajadores que han sido despedidos, pasando por ciudadanos con problemas con la Administración».

Los letrados justifican la proposición en la necesidad de que el Gobierno facilite el acceso a la justicia en momentos como el actual, donde la aparición del covid ha provocado ERTE y cierres de actividades económicas. Además, mientras que «las empresas pueden desgravarse la base imponible de la minuta como gasto al tratarse de sujetos pasivos del IVA, el ciudadano no puede hacerlo y esta circunstancia provoca un desequilibrio cuando mercantiles y ciudadanos se enfrentan en los tribunales», afirma Plaza.

Hay que recordar que el Consejo General de la Abogacía ya envió una carta al Ministerio de Justicia en verano de 2020 advirtiendo de  que en una situación económica tan crítica este era el momento para rebajar el IVA del 21% al 10%.

Por otro lado, la Dirección General de Tributos estableció que desde el 1 de enero de 2017, fecha de efectos de la nueva regulación del sistema de asistencia jurídica gratuita, los servicios prestados por abogados y procuradores dentro del turno de oficio no estarán sujetos al IVA.