Casi la mitad de los autónomos de Castilla y León, el 46,3 por ciento, se aboga por subir su base de cotización a la Seguridad Social, si bien el 36,2 por ciento supedita dicho aumento a la mejora de las prestaciones a las que tienen derecho, según se desprende del informe ‘El trabajador autónomo ante la previsión social’, elaborado por ATA para Fundación Mapfre.

Frente a esto, el 42 por ciento afirma no estar dispuesto a subirse su base de cotización porque no tiene ingresos suficientes que se lo permitan. Por último, el 7,2 por ciento de los autónomos castellanoleoneses encuestados prefiere invertir el dinero en la contratación de planes privados porque consideran que son mejores que las prestaciones del sistema público, porcentaje inferior al registrado de media en el conjunto nacional, donde el porcentaje de autónomos que confía en los planes privados más que en los públicos asciende hasta el 13,2 por ciento.

Con estos datos sobre la mesa, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, consideró que las respuestas de esta encuesta, realizada a más de 1.800 activos del colectivo, se traducen en que “mayoritariamente el sistema de protección en España está por debajo de los países de la UE, y no es cierto, tiene uno de los mejores de Europa”. “Tenemos cubiertas prácticamente todas las contingencias. Es verdad que en otros países, el pequeño empresario o artesano cotiza por unas bases superiores, y eso significa que cuando cobra jubilación o enfermedad cobra más que en España. Pero en cuanto a derechos estamos bien situados”, defendió.

Igualmente, señaló que uno de cada cuatro autónomos contrata “muchos” servicios de previsión social privados, como el de salud. De ahí, añadió, que ATA tenga en marcha una campaña informativa para que de forma voluntaria los autónomos adecuen sus cotizaciones a sus ingresos, “porque un millón en España que no pueden cotizar por encima de su base de cotización, pero otros sí”.

En este sentido, la federación intenta “sensibilizar al colectivo para que mejoren sus cotizaciones, porque beneficia a sus prestaciones”. “Si un autónomo tiene un rendimiento de 600 euros al mes no se le puede hacer pagar 300. Hay que buscar solución para esto, que pasa también porque autónomos que tienen rendimientos netos de 5.000 euros mensuales paguen más”, ejemplificó.

En este sentido, uno de los principales retos es la información. Mientras que un autónomo sabe cuánto paga todos los meses, 284 euros de cotización (lo que abona el 84 por ciento), por otro lado “desconoce la base sobre la que cotiza, que es de 944 euros”. “Cuando reciben la prestación, en muchas ocasiones no llegan a 800 euros”, lamentó. Por ello, consideró “necesario” que la Administración “se vuelque en esto y les informe para mejorar, aquellos que puedan, sus cotizaciones”.

Lucha contra la despoblación

Otro de los problemas que también afecta al colectivo autónomo es la despoblación en el medio rural. Actualmente, en Castilla y León hay más bajas que altas a causa de la evolución negativa en pequeñas poblaciones, ya que en zonas urbanas se registran incrementos de autónomos. “Si un comercio o un bar no tiene clientes en pequeñas poblaciones, lo deja. Por ello, es necesaria más financiación para evitar la despoblación y fórmulas que incentiven la creación de emprendedores”, apostó. Entre ellas, enumeró algunas como las medidas fiscales y de acompañamiento, relevo generacional y fomento del emprendimiento. Como ejemplo, señaló la colaboración público-privada al respecto. “Un bar podría funcionar también como oficina de Correos. Sería un servicio público que se daría desde el ámbito privado y que permitiría mantener abiertos estos comercios”, sentenció.

Por su parte, la directora de Área de Seguros y Previsión Social de la Fundación Mapfre, Mercedes Sanz, señaló que esta entidad tiene entre sus objetivos promover el conocimiento del seguro y la previsión social, objetivo con el que ha elaborado este estudio presentado hoy en la sede de Cecale de Valladolid. “En España falta la información sobre las prestaciones que puede recibir el autónomo por la Seguridad Social y cuáles pueden ser complementarias”, incidió, en línea con Lorenzo Amor.

Desconocimiento

Ante esta situación, el estudio realizado por ATA evalúa el conocimiento que los autónomos de Castilla y León tienen y creen tener sobre cuáles son los derechos que se derivan de sus cotizaciones. El resultado: casi la mitad de los autónomos encuestados en Castilla y León – el 45,1 por ciento - creen no tener un conocimiento suficiente de las prestaciones que les generan sus cotizaciones a la Seguridad Social, porcentaje que sube hasta el 54,9 en la media nacional.

A ello se suma que el 45,1 por ciento considera que sabe lo básico. Tan solo el 2,9 por ciento opina que tiene un amplio conocimiento de las prestaciones a las que tiene derecho por ser autónomo y cotizar a la Seguridad Social. Es decir, nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia de Castilla y León “apenas saben que la cuota que abonan cada mes a la Seguridad Social no sólo les garantiza el acceso a una pensión en el momento de la jubilación, sino que también les cubre en caso de maternidad, paternidad, viudedad, orfandad, incapacidad temporal o permanente por enfermedad o por accidente laboral, y el cese de actividad”, según el informe.

Este desconocimiento lleva a muchos autónomos a confundir las contingencias comunes con las profesionales o a no saber que tienen derecho a algunas coberturas como la maternidad o la paternidad.

Si se desglosan las diferentes prestaciones sociales incluidas en la cotización, la asistencia sanitaria, las bajas por enfermedad y la jubilación son las más conocidas por los autónomos, tanto de Castilla y León como del conjunto nacional: concretamente el 72,8 por ciento afirma conocer que tiene derecho a asistencia sanitaria, el 52,6 por ciento, a acceder a una baja por enfermedad no derivada de su actividad profesional, y únicamente el 54,4 por ciento, conocen que tienen derecho a la jubilación.

En cuanto a las contingencias profesionales, solo uno de cada dos autónomos sabe que esta cotización le da derecho a poder acceder a la prestación en caso de accidente laboral.

El cese de actividad es una de las prestaciones menos conocidas por los autónomos regionales, ya que se extendió a todo el colectivo a principios de año: desde el 1 de enero, los afiliados al RETA en Castilla y León cotizan un 0,70 por ciento que se incluye en la cuota mensual de 283,35 euros para los de la base mínima a la Seguridad Social. Es especialmente significativa la desconfianza que el colectivo tiene en esta cobertura. Seis de cada diez autónomos encuestados en Castilla y León tiene poca o ninguna confianza en percibir esta prestación en caso de que tenga que echar el cierre de su negocio.

Por el contrario, el servicio en el que más confían los autónomos encuestados es la sanidad pública. Confían en ella, bastante o mucho el 58,6 por ciento, ocho décimas porcentuales más que a nivel nacional.

Este sentimiento de mala información y desconocimiento en los sistemas de protección social “tiene como consecuencia la baja valoración de las prestaciones de ambos sectores”. Así, en Castilla y León la valoración general del sistema público de Seguridad Social es “muy negativa”, mucho peor que la que le otorga la media a nivel nacional: el 74,8 por ciento en la Comunidad le otorga un suspenso, frente al 60 en España. Únicamente el 8,1 por ciento de los autónomos castellanos y leoneses da una nota por encima del notable.