A pesar de que la posibilidad existe en Castilla y León desde hace más de una década, muy poca gente  ha dado aún el paso (apenas un 0,7% de la población)de inscribir su documento de instrucciones previas en el registro que la comunidad autónoma tiene a tal efecto y que sirve para que todo lo que ocurra alrededor de una persona enferma y que ya no puede decidir por sí misma se haga conforme a su voluntad. Desde 2008 hasta junio de este año se han realizado en Burgos un total de 2.554 testamentos vitales, de los que siguen en vigor 2.364 ya que el resto fueron cancelados por fallecimiento de sus titulares. La edad media de quienes lo han hecho se acerca muchísimo a los 60 años ya que está en los 59,5. Con esta edad había en la provincia 94.865 personas a 1 de enero de 2021, por lo que el porcentaje de sexagenarios que han organizado el final de su vida alcanza el 2,6% del total, una cifra que supera en 5 décimas a la de hace un año, un crecimiento que probablemente esté relacionado con lo vivido desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus.

La Junta define las instrucciones previas como el derecho de las personas a dejar por escrito y con antelación las decisiones sobre los cuidados de la salud, en previsión de una situación futura en la que les resulte imposible expresar su voluntad personalmente. Se puede incorporar, además, el deseo de que se tomen medidas paliativas que eviten el sufrimiento o de que no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios en el caso de estar en situaciones vitales críticas e irreversibles respecto a la vida. Los expertos aconsejan, además, indicar algunos aspectos sobre creencias, espiritualidad, valores o forma de entender la vida y el final de la misma para ayudar a los profesionales a la interpretacion del testamento vital y que la toma de decisiones sea más fácil para todos los implicados. En la gran mayoría de las instrucciones previas las personas incluyen tanto indicaciones sobre cuidados y tratamientos como sobre el destino de su cuerpo y órganos al fallecer.

Desde el pasado mes de junio, cuando entró en vigor la Ley de Eutanasia, es posible incluir también la petición de ayuda para morir de esta forma cuando la persona se encuentre en una situación de padecimiento «grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable con un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables», tal y como explica la Consejería de Sanidad en su web.

La ayuda médica para morir, que también se llama así,  se puede producir en dos modalidades: mediante la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente (eutanasia propiamente dicha) o con la prescripción o suministro por el profesional sanitario de una sustancia para que se la auto administre el paciente para causar su propia muerte (suicidio médicamente asistido).

Los sanitarios tienen derecho a la objeción de conciencia sobre la Ley de Eutanasia y hace apenas unas semanas la Consejería ha abierto un registro en el que pueden inscribirse -sin ningún plazo ya que estará abierto de forma permanente- quienes no desean participar en ningún proceso de estas características. La Junta ha declinado dar la información exacta sobre cuántos médicos y otro personal de la sanidad de la provincia de Burgos han entrado a formar parte del mismo debido a que, argumentan, el número es aún lo suficientemente bajo como para que pueda entrar en riesgo la protección de sus datos. 

Muchas más mujeres. Entre enero y junio de 2021 se realizaron 113 nuevas ‘últimas voluntades’ de personas con una media de edad de 61 años, una cifra que supera las de 2020 (94), año que tuvo un número más bajo de lo habitual por las restricciones derivadas de la pandemia pero que no llega hasta las que se realizaron en 2019 (138).  En cualquier caso, ese número ha puesto a Burgos a la cabeza de la comunidad autónoma con el 20,4% del total de Castilla y León seguida por Salamanca (17%), León (15,9%) y Valladolid (15,7%).

Como ya es habitual desde el principio, son muchas más las mujeres que los hombres quienes organizan el final de su vida. En este primer semestre de 2021 han sido  74 frente a 39 varones. Quienes trabajan desde el ámbito social saben que esto tiene que ver con que son las mujeres las que mayoritariamente se ocupan de los cuidados de personas enfermas y dependientes, por lo que conocen bien lo que eso significa y no quieren que sus futuros posibles cuidadores se enfrenten a ningún problema o conflicto. Desde el año 2008, de las 2.554 personas que han hecho su testamento vital, 1.647 fueron mujeres, el 64,5%. 

Son varias las opciones entre las que se puede elegir para otorgar este documento. La que se utiliza con más frecuencia es la que se realiza ante el personal de la Administración, previa petición de cita, que este año ha sido elegida por el 23,1% de quienes registraron sus instrucciones previas. En este sentido, existe una cierta lista de espera debido al confinamiento del año pasad, por lo que ahora mismo no se realiza de forma inmediata. 

También se puede hacer el testamento vital ante tres testigos que no tengan parentesco, afinidad y relación alguna de carácter patrimonial o de otras obligaciones con el interesado, opción por la que han apostado este año 24 personas, y, finalmente, ante notario. Una vez formalizado el documento por cualquiera de estos procedimientos, y aunque no es obligatorio, se recomienda su inscripción en el Registro de Instrucciones Previas de Castilla y León. De esta manera los sanitarios a cargo del paciente de que se trate pueden acceder al documento de forma fácil y rápida y aplicar sus instrucciones en el momento que sea necesario y la persona no pueda decidir.