Castilla y León peleará para que otras zonas despobladas de la Comunidad se puedan acoger a las ayudas al funcionamiento aprobadas para Soria, Teruel y Cuenca, aunque superen los 12 habitantes por kilómetro cuadrado. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, consideró ayer que se puede abrir «una puerta» en este sentido en la normativa europea. «La batalla que no se da, es la que no se consigue», sentenció Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en declaraciones recogidas por Ical, ante una reivindicación en Zamora, que se materializa ahora en una enmienda del Grupo Popular en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Sin entrar a valorar la enmienda popular, sí expresó la posición de la Junta de «dar la batalla» para conseguir lo que tiene en este momento Soria, junto con Cuenca y Teruel, ya que los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Aragón, Javier Lambán, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo reivindicaron de manera conjunta ante la Comisión Europea. Fernández Carriedo admitió que «no será fácil» trasladar esa petición ante Europa.
Enmienda del PSOE
Sobre estas ayudas para Soria, fuentes del PSOE informaron ayer que ya forman parte del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, al incorporarse una enmienda del Grupo Socialista al informe de la ponencia. Se trata de un paso previo a la aprobación del dictamen por la Comisión de Presupuestos y, en último lugar, por el pleno del Congreso de los Diputados y el Senado. De esta forma, los socialistas autoenmiendan las cuentas del Estado que presentó el gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que se tramitan en las Cortes Generales. Fuentes socialistas explicaron que dado el «atasco legislativo», esta fórmula era la tramitación «más sencilla» para poner en marcha estas ayudas, que estarán listas en enero de 2023, si no se produce ningún contratiempo. Con ello, el Ejecutivo cuenta con el respaldo legal para su implantación.
El texto recoge las reducciones en las cuotas a la Seguridad Social para la contratación indefinida, a tiempo completo, parcial o para los fijos discontinuos de Soria, Cuenca o Teruel. Unas ayudas que las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel calcularon que, tal y como las pretende aplicar el Gobierno, supondrán que anualmente las empresas de las tres provincias reciban 24 millones, una cantidad «insuficiente» que no ayudará a corregir sus desequilibrios demográficos ni las desventajas competitivas que sufren los empresarios por ubicar su industria, empresa o negocio en «el desierto de España». «Es necesario aumentar la intensidad de las ayudas, ya que la cuantía está alejada a lo permitido por Europa. Necesitamos una reducción del 10% en el tipo de cotización social, tal y como se aplica a Noruega», indicó Aparicio.