Una de las preocupaciones que manifestó el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, en su discurso de apertura del año judicial fue el elevado número de juicios que se suspenden al año, el cual se incrementa cada ejercicio para desesperación de los que imparten justicia, los abogados, los testigos y, especialmente, los ciudadanos de a pie que se enfrentan a un tedioso procedimiento, bien como demandante, bien como encausado. Más allá del espectacular repunte de 2020 a razón de la covid-19, lo cierto es que en la última década el porcentaje de vistas canceladas ha ido subiendo progresivamente. Penal, Social y algunos órganos civiles (sobre todo Familia), son los más afectados en la provincia de Burgos.

Según informa el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2021 los juzgados burgaleses señalaron un total de 11.887 vistas, de las cuales se suspendieron 2.276, lo que equivale casi a un 20%. El porcentaje es casi un punto por encima de 2019 y dos con respecto a 2018, lo que muestra ese progresivo incremento. Si comparamos los datos con los peores meses de la pandemia, la cosa cambia por razones obvias. Y es que en el funesto 2020 se cancelaron un total de 3.659 juicios, un 36,1% de los señalados. La mayoría por causas ajenas a la administración de justicia.

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