El titular del juzgado de lo Contencioso número dos de Burgos, Óscar Luís Rojas de la Viuda, ha ratificado en un auto las medidas sanitarias preventivas adoptadas por la Junta de Castilla y León para la contención del COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero. A través de esta resolución se restringe la libre entrada y salida de personas del municipio de Aranda de Duero, salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados. La resolución indica que la ratificación tendrá una duración máxima de siete días. Al respecto, expone que dos días antes de la finalización de cada periodo de una semana previsto para el confinamiento, el responsable del servicio de localización y rastreo “deberá enviar a este juzgado un informe sobre la situación de los focos, así como los indicios que tenga de la existencia de otros no detectados”. Así, recibida la misma, y antes de la conclusión de ese plazo, el juzgador “decidirá sobre la continuación o no de la medida”. 

El juzgado no está de acuerdo con los plazos de confinamiento fijados por la Junta, porque con los datos disponibles, la enfermedad “no ha provocado una situación de gravedad en los pacientes, y, por lo tanto, los servicios sanitarios funcionan con normalidad” y afirma que las limitaciones de movimientos y de la posibilidad de reunirse con colectivos mayores de diez personas “sólo pueden entenderse, y mantenerse, mientras esta situación de descontrol siga existiendo”. 

Así, el juzgado no considera “adecuada” la petición de mantener las restricciones durante 14 días, porque se establecen por ser el periodo considerado normalmente de incubación máxima; y “lo que debe intentarse por la Junta de Castilla y León, estableciendo y reforzando si es necesario los mecanismos de identificación y localización, es identificar qué personas están infectadas e imponer a las mismas medidas individuales de confinamiento”. 

“Es mucho lo que se les está pidiendo a los ciudadanos de Aranda de Duero y no puede ser menos el esfuerzo de la Junta de Castilla y León al respecto. De esta forma, si antes de esos 14 días, la Junta de Castilla y León pudiera tener un conocimiento razonable del origen de los focos y localizar a las personas afectadas, confinándolas, las medidas generales deberían decaer”, sentencia.