La Administración no puede invocar la Ley de Protección de Datos cada vez que no quiera hacer pública una información presuntamente sensible. La resolución del Comisionado de Transparencia de Castilla y León sobre la queja de un burgalés que exigía al Ayuntamiento identificar a los beneficiarios de exenciones en el Servicio Municipalizado de Deportes demuestra que no es tan sencillo negarse a atender las peticiones de los administrados. 

En lo que es un toque de atención a la Concejalía de Deportes y a quien la dirige, el edil Leví Moreno, el órgano que preside Tomás Quintana explica muy bien al Ayuntamiento qué pasos ha de dar para proporcionar al interesado la información que reclama o al menos a intentarlo. Este particular pedía los nombres de personas u organizaciones que se benefician de las bonificaciones de cuotas del Servicio Municipalizado de Deportes, así como su cuantía y la justificación concreta para aprobar tal exención. El Consistorio denegó su solicitud argumentando que se «pueden vulnerar los derechos de los afectados, en especial la protección de datos de carácter personal».

El ciudadano recurrió esta decisión y el Comisionado de Transparencia de la región alude a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, para recordar al Ayuntamiento burgalés que existe un mecanismo para obtener los datos reclamados y facilitarlos. Esa norma dice que «cuando la información pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones oportunas (...)».

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