Un grupo de vecinos de Celada de la Torre ha denunciado ante la Fiscalía de Burgos lo que consideran que pudiera representar ilícitos penales cometidos por funcionarios de la Junta de Castilla y León durante la tramitación y aprobación del informe de impacto ambiental del Parque Fotovoltaico Villayerno, promovido por Movimiento Azimutal S.L. desde 2020. Un proyecto que afectaría a la localidad, donde se pretenden instalar 55.000 paneles solares en una parcela de más de 40 hectáreas muy próxima al casco urbano, a solo 400 metros. 

El principal motivo de la denuncia firmada por casi 40 vecinos han sido los movimientos posteriores al primer informe emitido por el Servicio Territorial. En él no se permitía continuar al promotor con la tramitación ?ambiental al encontrarse la ubicación escogida «en áreas fundamentales para la biodiversidad de fauna y flora y también por ser un páramo de gran valor como hábitat de aves esteparias». Así como por ser, de las tres alternativas propuestas, la que presenta una línea de evacuación más larga, 8 kilómetros, con sus consecuentes afecciones. La Junta consideraba entonces que existían opciones con menor problemática ambiental, fuera de espacios protegidos y con una línea de evacuación mucho más corta entre las 3 que proponía en principio el promotor. Le instaba así a cambiar de ubicación, insistiendo en la importancia de preservar esos espacios de vegetación y fauna protegida de Celada. 

La sorpresa para los vecinos que siguen muy de cerca este caso fue cuando el impulsor, en su opinión «desoyendo de forma manifiesta la resolución del Servicio Territorial», presenta un documento con una alternativa, en la misma ubicación tan solo desplazándose a unos terrenos colindantes a los inicialmente propuestos, una opción expresamente rechazada anteriormente y que inexplicablemente después fue admitida y aprobada por la Junta de Castilla y León, cuando meses atrás había sido desechada por los técnicos de la administración regional, como señalan los vecinos.

«Nos quedamos perplejos cuando Roberto Saiz -delegado territorial de la Junta en Burgos-, desoyendo nuestras alegaciones, resuelve incurriendo en una grave incongruencia», señalan. En su resolución, según muestran, este determina que el proyecto «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente». Por todo ello, estos vecinos consideran que el jefe del Servicio Territorial de Industrial, Comercio y Economía «comete una presunta grave irregularidad administrativa que pudiera ser constitutiva de ilícito penal admitiendo un supuesto cambio de ubicación a sabiendas de que no lo es según informe previo». 

En el texto presentado ante la Fiscalía también sostienen que el delegado territorial, Roberto Saiz, «comete una presunta gravísima irregularidad administrativa que pudiera ser constitutiva de ilícito penal, firmando una resolución a sabiendas de que es equivocada por autorizar una alternativa que no es posible ?por haber sido previamente descartada por su grave afección ambiental». 

Aves esteparias. Según los vecinos, no reconocer que esta nueva ubicación tiene afecciones sobre el medio ambiente «es a todas luces un supuesto grave delito, ya que existen informes previos de técnicos competentes en la materia que recogen todo lo contrario», aducen. A su juicio, el nuevo emplazamiento seleccionado sigue estando incluido en su totalidad en el Mapa de Sensibilidad Ambiental de Aves Esteparias, elaborado y publicado por la propia Junta.

Se declaran «desesperados y en una clara situación de indefensión ante una tramitación llena de irregularidades». Afirman que si Fiscalía archiva su caso presentarán un recurso de alzada solicitando medidas cautelares para tratar de paralizar el procedimiento. «Después tendremos que ver si el juez considera esas irregularidades y anula de pleno derecho todo el procedimiento», para asegurar que irán hasta el final contra este proyecto. 

Una de las razones, según ellos, del rechazo de la primera ubicación fue la línea de evacuación, que superaría los 8 kilómetros. «Habría que cruzar tierras y vías pecuarias y el destrozo sería terrible. Somos partidarios de colocar placas solares en los tejados y en los polígonos, pero nunca en el campo, ni en zonas protegidas ni de cultivos». 

Los vecinos recalcan que esta zona, dedicada a la agricultura desde tiempo inmemorial ha logrado mantener un ecosistema que ahora se ve amenazado. Además, alertan sobre la eliminación de zonas de cultivo muy productivas en una situación de desabastecimiento como la actual, debido a la guerra de Ucrania.