Hace 16 años, la urbanización Soto del Real era un hervidero de obreros. La construcción de miles de chalés al pie de la A-62, en el término municipal de Buniel, era uno de los proyectos estrella de la compañía Martinsa-Fadesa. No obstante, el estallido de la burbuja inmobiliaria provocó la mayor quiebra conocida hasta el momento, que dejó a medio acabar buena parte de esas residencias.
En pleno 2022 la liquidación de todos sus activos no se ha logrado culminar. Se ha avanzado algo, pero aún queda camino por recorrer para tratar de resarcir las deudas de los acreedores. Hasta este viernes todo aquél que lo desee puede pujar por una docena de parcelas del sector S-7, situado al margen derecho de la A-62 en dirección Valladolid, y donde se habían proyectado 726 viviendas de todo tipo. En los planos de la constructora quebrada había hueco para unifamiliares, viviendas libres y protegidas. En total estas parcelas suman 102.109 metros cuadrados, con una edificabilidad del 107.234 metros cuadrados.
El precio de salida de todas ellas suma los 3 millones de euros, aunque en función de las dimensiones y de su situación dentro del sector hay variaciones. La más cara es una de 7.576 m2, con la posibilidad de edificar en 10.164 m2, y donde se proyectaron hasta 84 casas. Su precio de salida es de 600.000 euros. Por contra, la más 'barata' es una de 3.000 metros cuadrados, con 5.208 edificables, donde se pueden levantar 42 viviendas.
Junto a estos activos se saca también a subasta un sector que nunca se llegó a tocar, el denominado S-8 'Arroyo los Prados' y que se sitúa al margen izquierdo en dirección hacia Valladolid. Consta de nueve fincas registrales de suelo clasificado como urbanizable delimitado, así como dos fincas fuera de sus límites. Además, tiene aprobado de manera inicial el Plan Parcial. Son casi 200.000 metros cuadrados de los cuáles 158.660 son edificables. Su precio de salida alcanza los 247.792 euros.
Sumando este último sector, Martinsa-Fadesa saca a subasta a finales de mayo casi 300.000 metros cuadrados de suelo por un importe que ronda los 3,3 millones. En anteriores convocatorias, los acreedores lograron deshacerse de hasta ocho parcelas del S-7 y S-8, mientras que otras tantas se quedaron sin licitadores.
Dos meses después de quebrar, el S-7 tenía pendientes de cobro 400 viviendas, de las cuales 18 fueron vendidas en 2005, 253 un año después, 122 en 2007 y 7 en 2008. Además, en esa promoción la sociedad mantenía saldos por la venta de nueve suelos entre 2005 y 2006 por importe de 16 millones. Del mismo modo, con respecto al S-8, en 2008 la sociedad canceló parte de los saldos al pasar 4 años desde el contrato privado sin escritura al no haber obtenido licencias.