Las retribuciones a los corporativos provinciales de los órganos de gobierno de la Diputación, con cuatro diputados liberados más, ahora son cinco incluyendo al presidente y dos vicepresidentes, y del personal eventual de confianza de los grupos políticos, con la incorporación de un jefe de gabinete y dos asesores, incrementará el gasto de la institución el próximo año para estos dos conceptos en 337.636 euros, hasta un total de 1,1 millones de euros, sin contar los emolumentos que perciben el resto de diputados por presidir y asistir a las comisiones y sesiones plenarias.
En concreto, según se contempla en la plantilla presupuestaria de la institución provincial, condicionada al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y a la salida de la institución del Plan Económico Financiero al que está sometida, dos de los cuatro diputados que se liberarán a partir de febrero costarán a las arcas provinciales cada uno 67.897 euros (el sueldo será de 52.000) y los otros dos 57.040 (con un sueldo anual de 43.000 euros). En total estos cuatro liberados supondrán un desembolso de 249.871 euros. Hasta ahora, el coste del presidente (con una retribución de 91.514 euros y un coste de 104.140), dos vicepresidentes (el primero cobra 63.599 euros y su coste es de 79.497; el segundo percibe 55.000 y el coste es de 70.897) y dos diputados liberados del PSOE (el portavoz cobra 46.000 y cuesta 60.040 y el diputado percibe 43.000 y cuesta 57.040) ascendía a 371.614 euros por lo que la suma total de este capítulo asciende a 621.493.
Por lo que respecta al personal eventual de confianza de los distintos grupos provinciales, en el que se incluye ocho personas con la función de administrativos, para el próximo ejercicio se contempla la contratación de un jefe de gabinete, adscrito la Presidencia, y dos asesores, uno para el grupo político del PP y otro para Cs. El primero tendrá una retribución anual neta de 33.467 euros y los segundos de 31.907 euros. En total, estos tres cargos de confianza supondrán un coste para las arcas provinciales 127.762 euros, incluyendo la Seguridad Social, ascendiendo la partida presupuestada para este capítulo a 397.818 euros.
Desde el Sindicato Obrero Independiente (SOI) consideran «vergonzoso el gasto político, injustificado e ineficaz», apuntan, a la vez que recuerdan que «mientras hay residencias de ancianos sin medios materiales ni humanos para dar un servicio de garantías sin poder salvaguardar la salud de los trabajadores».
Para este sindicato es «innecesaria la incorporación de nuevos liberados políticos, que no aportan nada a la acción diaria de la Diputación, más allá de un gasto económico que es necesario invertir en servicios sociales», aseveran, a la que vez que añaden que mientras se aprueba este gastos, «desde el servicio de Intervención se propone recuperar la penalización por estar enfermo (quitar IT 100%) o la denegación de permisos relacionados con la conciliación de la vida laboral, social y familiar pues no se sustituirán, por falta de crédito, las ausencias de los trabajadores de las residencias lo que conllevara el aumento de la siniestralidad laboral (se ha doblado en cuatro años, hasta el 5,65%) y el incumplimiento sistemático del convenio único».