Atapuerca, Buniel, Busto de Bureba, Carcedo, Frías, Estépar, Frandovínez, Merindad Cuesta Urria y Tardajos han recibido el certificado AENOR del Esquema de Seguridad Nacional por demostrar su cumplimiento con el sistema de información que da soporte a sus sedes electrónicas, lo que demuestra que se trata de la provincia con más municipios de toda España en este listado donde solo se encuentran 25 localidades. Así, con el fin de proteger los datos de los ayuntamientos burgaleses de menos de 1.000 habitantes se ha realizado un esfuerzo y se confía en extender a todos estas medidas comunes.
«Quien está detrás de lo que se exige a los ayuntamientos es el CNN, que depende del CNI y que a su vez depende del Ministerio de Defensa, por lo que todas estas acciones están enfocadas a la ciberseguridad nacional», explica David López, de Cibergob. Recuerda que todas las entidades públicas son importantes para alcanzar una protección general a nivel virtual y todos los municipios tienen que regirse por las mismas normas, independientemente del número de habitantes. De esta forma, con la Diputación se ha creado un «paraguas normativo de cómo hay que utilizar la tecnología en los ayuntamientos». Hace dos años entró Tardajos y posteriormente le han seguido los otros ocho municipios.
Una vez que se han certificado ya estos nueve, se pretende «que los 300 pueblos de menos de 1.000 habitantes pasen a estar todos bajo el mismo marco de cumplimiento». Eso conllevará ventajas como «homogeneizar» el parque tecnológico de la provincia, lo que facilitará la «gestión, la coordinación y saber las necesidades de los ayuntamientos». Además, Arturo Pascual, diputado provincial, destaca la importancia de trabajar en este sentido puesto que los ataques informáticos «van a ser más específicos o enfocados a sitios concretos».
Como mejor ejemplo, la alcaldesa de Tardajos, Laura Puente, menciona su buena experiencia, «donde todo han sido ventajas» y el único inconveniente fue adaptarse a los requisitos y formas de trabajar, aunque «en apenas 15 días» se consigue. Inmaculada García, directora de AENOR en Castilla y León, matiza que el principal problema de tener este sistema común está en que «si un ayuntamiento se cae, se caen todos» y agradece a la Diputación impulsar esta medida destinada a pueblos que de otra forma no podrían asumir el coste para tener un servicio equiparable al de los grandes consistorios.