El impacto de la pandemia de la covid-19 se dejó notar en la contratación pública de la Junta de Castilla y León, que vio como durante el primer año del coronavirus, la Gerencia regional de Salud acaparó el 62 por ciento del volumen total de contratos de la administración autonómica. Una cifra que supone superar en once puntos porcentuales el peso que representaba en los dos años previos al inicio de la crisis sanitaria, tal y como se pone de manifiesto en el informe del Consejo de Cuentas sobre la contratación administrativa. A mucha distancia le siguen, como segundo principal contratista la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que representó el 13 por ciento frente al 18 por ciento de los dos ejercicios anteriores, y la Consejería de Educación y como el Itacyl, en torno al cinco por ciento, un punto menos.

Por tipos de contratos, el 58 por ciento del importe total correspondió a suministros, 19 puntos porcentuales más que en la fiscalización realizada de los ejercicios 2018 y 2019; el 23 por ciento del total fue contratos de servicios, 12 puntos menos; y la contratación de obras supuso el 17 por ciento del importe, cuyo peso relativo descendió cuatro puntos.

Con motivo de la comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía del Parlamento autonómico, este destacó que los datos proporcionados por el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad señalan que el número de contratos no menores formalizados ascendió en 2020 a 3.390, por un importe de adjudicación total de 960 millones de euros. 

En 2020, primer ejercicio afectado por la pandemia, en cuanto al procedimiento de adjudicación, los contratos negociados sin publicidad ocuparon el mayor volumen del importe, un 42% del total, seguidos de los formalizados mediante de procedimiento abierto, un 40%; mientras que otras formas de adjudicación sumaron el 18 por ciento restante. Además, durante 2020 se tramitaron de forma ordinaria 2.523 expedientes; 820 mediante tramitación de emergencia y 47 de urgencia. 

Preguntado por la muestra escasa de los expedientes examinados, el presidente del Consejo de Cuentas anunció que se estudia la posibilidad de «dar un paso más» e ir hacia un tipo de muestra «más objetivable». Es decir, analizar todos los contratos por una determinada cuantía en una concreta fase de procedimiento de adjudicación.

Entre las recomendaciones del órgano de fiscalización están que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las «deficiencias» detectadas en su información y que los órganos de contratación deben velar por los medios utilizados para la «correcta» estimación del importe y asegurarse de la designación de un responsable del contrato. Además, insistió en que se debe reservar la utilización de la tramitación urgente y de emergencia «exclusivamente» para las circunstancias previstas en la ley.

Tras presentar el informe, el Grupo Parlamentario Socialista denunció que la Junta es «tozuda» en sus incumplimientos y es incapaz de seguir la línea de la legalidad establecida en la contratación pública en el ámbito de la administración autonómica. Por su parte, el Partido Popular respondió que ese ejercicio, el primero de la pandemia del covid, fue «excepcional» y que la Comunidad tuvo un porcentaje de incidencias similar al resto de España.