Se doctoró en Derecho por la Universidad de Navarra y es autor de hasta nueve monografías en las que analiza desde el estado autonómico hasta el futuro de Europa o la reforma constitucional, además de haber publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas. Invitado por la Cátedra de la Universidad de Burgos, que dirige el expresidente del Senado Juan José Laborda, ha abordado este martes en el Aula Magna del Hospital del Rey la monarquía en la democracia parlamentaria, temática con la que se ha retomado la edición de este curso de dicho foro de reflexión y debate. Antes, ha atendido a Diario de Burgos.

Su ponencia versa sobre la posición constitucional del Rey: neutralidad, inviolabilidad y ejemplaridad.
Lo que se trata es de explicar un artículo fundamental de la Constitución, que es el 56, que define la posición constitucional del Rey, es decir, básicamente lo que el Rey es y lo que hace. Es símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado y al decir eso es que es neutral y ejemplar. Y lo que hace es arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones. La involabilidad es consecuencia de lo anterior. En todas las monarquías parlamentarias, al Rey se le confiere como inviolable, por lo que no puede ser atacado ni política ni jurídicamente.

¿Haga lo que haga?
Este es el aspecto más controvertido. La inviolabilidad es absoluta y eso ya se debatió cuando se hizo la Constitución. Otra cosa es la existencia de responsabilidad política, que no lo hemos visto. Si su comportamiento no es ejemplar hay un mecanismo, una válvula de escape en todos los ordenamientos jurídicos y en el nuestro también. ¿Cuál es?, la abdicación como mecanismo de rendimiento de cuentas. 

Tanto esa inviolabilidad como la ejemplaridad han sido objeto de debate en el caso del rey emérito.
Claro, si no es ejemplar ya no se justifica que sea inviolable. Esa válvula de escape es que cesa en el cargo, pero no que se le siente en el banquillo de los acusados, aunque algunos quieren dar un paso más. Eso no lo hace ni una monarquía ni una república porque supondría una crisis muy traumática. Por ejemplo, Nixon dimitió porque había cometido delitos gravísimos, pero no se le sentó en el banquillo. Hay un valor que es la justicia absoluta, que ningún delito quede sin pena, y luego hay otro que es la estabilidad política. Ese es el debate que existe en España; que se haga justicia aunque se hunda el mundo, mientras que otros vemos esos valores y no pensamos que sea fundamental sentar en el banquillo a una persona de más de 80 años.

¿Qué opina del debate sobre monarquía-república?
Es antiquísimo y creo que nunca cesará. Lo que hay que hacer es afrontarlo siempre con argumentos racionales más que con sentimientos y emociones. El principal argumento que hay a favor de la monarquía es esa neutralidad, que siempre será más fácil en un monarca que en un presidente de la república porque es elegido y siempre será de parte. 

En 2015 escribió un libro titulado Diez propuestas para mejora la calidad de la democracia. ¿Se mantienen en un momento actual cuando los extremismos, la polarización y la crispación están más presentes que nunca?
No tuvieron eco y no se desarrolló ninguna. Una de ellas era garantizar la independencia de los vocales del CGPJ y del Tribunal Constitucional, que tienen que ser también neutrales y no estar colonizados y dominados por los partidos. Se podría haber alcanzado entonces un pacto de Estado entre las principales fuerzas, que concentraban un importante volumen de votos. Sin embargo, hoy vemos todos los días que están sobre esas instituciones y que no las quieren dejar de controlar. La polarización es mayor y las dos principales fuerzas políticas parece que son dependientes de sus extremos. Veo un escenario prácticamente inviable, de bloqueo y muy peligroso para el futuro de la democracia.

Precisamente, el PSOE y el PP han roto las negociaciones para renovar el poder judicial. ¿Y ahora qué?
Hay dos factores de estabilización del Estado; uno es el Rey y el segundo es la UE. La Unión Europea nos lleva advirtiendo en los informes sobre el Estado de Derecho de unos defectos graves. Nos dice que el CGPJ no se renueva desde hace cuatro años y que no son formas que se lo repartan los partidos, ya que más de la mitad de los miembros tienen que ser elegidos por los propios jueces. Nosotros no hacemos caso a ninguna de las dos cosas. ¿Qué va pasar? Que la Unión Europea nos va a sacar tarjeta roja. 

¿Y en qué se traduciría esa tarjeta roja?
Nos vamos a decir que hemos llegado a los extremos de Polonia y Hungría, pero si la cosa empeorara... ¿En qué se traduce? Pues como aquí la única presión que vale es la económica, lo más a lo que se ha llegado en la UE es a vincular que deficiencias en el Estado de Derecho [a lo que no hemos llegado en España y espero que no suceda] puedan acarrear la no recepción de fondos. 

El Gobierno ha anunciado la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición con el fin de homologarse a la legislación del entorno europeo. ¿Está de acuerdo?
Dos cosas. Primero, la UE no ha hablado nunca de cambiar la sedición. Y segundo, aquí no se trata de compararnos con otros códigos penales, sino de los hechos que se castigan. Ahí el Gobierno hace trampa porque si queremos comparar nuestro código penal con otros como el de Alemania, Francia o Portugal, en esos países si alguien intenta destruir la unidad nacional ese delito lleva consigo cadena perpetua. El problema es que en España la sedición era el único delito que sirvió, tal y como dijo el Tribunal Supremo, para condenar a quienes se levantaron para destruir el Estado de Derecho. Si lo quitan, pueden volver a hacerlo y no habría delito por el que condenarlos. Quedarían impunes.

Esto ocurre tras al indulto a los presos del procès ¿Cree que el Gobierno de Sánchez se está plegando a los independentistas catalanes?
Evidentemente. Para alcanzar el Gobierno, Sánchez pactó con esas fuerzas algo que implicaba un concepto, nefasto, muy peligroso y el origen de todo, que es el de la desjudialización. Esto significa que los jueces ya no pueden intervenir. Primero, si intervienen, los indultamos, y ahora ya para que no lo hagan de cara al futuro, suprimimos la sedición. Eso es una exigencia de Esquerra Republicana, que se satisface a cambio de acuerdos parlamentarios como el presupuesto. Se plegó a ellos desde aquel pacto de desjudizalización.

En el otro lado, hay voces que sostienen que gracias a estos pasos la situación en Cataluña está más calmada que nunca.
Efectivamente, mientras se les dé la razón están más calmados que nunca, pero a un alto precio. Por esa desjudialización, la ley sigue sin cumplirse en Cataluña en extremos tan importantes y que afectan a los derechos fundamentales como la escolarización en castellano. Las sentencias sobre esa obligación no se cumplen.