Después de que el Pleno del Ayuntamiento aprobara hace unos dos meses una propuesta del PP para instar al Gobierno a endurecer las penas a los okupas (Vox y Cs la secundaron) conviene actualizar los datos sobre allanamientos de morada en nuestro territorio, en la provincia, que son los que ofrece el Ministerio del Interior. Pues bien, en los primeros seis meses del año se han producido 19 okupaciones, solo dos menos, por ejemplo, que en todo el ejercicio 2017. En 2021 la cifra se situó en 40, un número que, si la proyección de 2022 no se tuerce, se repetirá a finales de este año. Hay que celebrar que, al menos, que no siguen en aumento, porque entre 2015 y 2021 se triplicaron. Pero esa contención se produce en cifras récord, nunca conocidas en Burgos.
Y es que, a juicio de la Cámara de la Propiedad, «cada vez hay más familias que lo están pasando mal económicamente, en buena medida debido al aumento del coste de la electricidad o de la calefacción». La Cámara de la Propiedad lo percibe en los procedimientos de desahucio que llegan a los juzgados, donde ha detectado «que cada vez se alega más la situación de vulnerabilidad». En estos casos los jueces pueden dilatar los procesos hasta que esas familias encuentran otro lugar para vivir.
En estos números se contabilizan tanto los allanamientos de morada, que son las okupaciones ilegales de primeras y segundas residencias, como las usurpaciones, que comprenden la entrada a viviendas que no son morada (no vive nadie en ningún momento del año) y se encuentran vacías. Burgos es la segunda provincia de Castilla y León donde más okupaciones de pisos y casas se producen. La primera es Valladolid, con 71 en los primeros 6 meses de 2022. Después va Burgos, con esas 19, y le siguen León, con 15; Salamanca, con 14; Segovia, con 11; Ávila, con 10; Palencia, con 9; Zamora, con 3, y Soria, también con 3.
Otro factor que contribuye a no mermar el número de okupaciones es que denominada Ley del desahucio exprés no está funcionando como los propietarios querrían. En julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018 que modificaba la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para agilizar el desahucio de viviendas okupadas.
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