Los expertos defienden la atención sanitaria con cita previa

SPC
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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se compromete a que las 122 directrices del documento se lleven a la práctica para la mejora de la sanidad pública

El presidente, Fernández Mañueco, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, participaron de forma telemática en el encuentro con el grupo de expertos. - Foto: Ical

El grupo de expertos para la reforma de la sanidad pública de Castilla y León expresaron su respaldo a la cita previa como forma de acceso a la consulta, con líneas telefónicas y personal suficiente, así como asegurar la asistencia en los consultorios rurales. Además, para los puestos de difícil cobertura proponen incentivos como beneficios fiscales para las parejas o a la compra o alquiler de vivienda.

Así figura en el documento de 122 medidas, agrupadas en siete bloques, presentado ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un encuentro por videoconferencia que mantuvo con los expertos designados por los grupos de las Cortes -PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila-, así como por la Consejería de Sanidad, el Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León y el Foro de la Profesión Veterinaria.

Mañueco se comprometió a trasladar a la realidad de la sanidad pública las directrices planteadas por el grupo de expertos incluidas en un documento «valioso» con 122 medidas, que plantean introducir de forma urgente cambios de «calado» para fortalecer el sistema ante un nuevo brote epidémico. Asimismo, agradeció el trabajo, así como su «esfuerzo de diálogo y consenso» porque recalcó que «mejorar la sanidad es un objetivo de todos».

Además, el presidente sostuvo que Castilla y León cuenta con uno de los mejores cinco sistemas sanitarios de España, según las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, pero aún así reconoció que la Comunidad debe aspirar a mejorar las prestaciones, equipamientos, humanización y calidad profesional, tanto en el ámbito rural como urbano.

«Las debilidades mostradas nos han llevado a ser aún más conscientes de que es urgente tomar medidas de calado en Atención Primaria, Continuada, Hospitalaria, Emergencias y Salud Pública, para fortalecer nuestro sistema ante un nuevo brote epidémico. Todo ello a fin de tener un sistema de salud fuerte, con suficiente capacidad para actuar sobre los retos que presenta esta nueva normalidad, y a la vez garantizar una asistencia sanitaria de calidad durante las próximas décadas», indicaron.

Respecto a la Atención Primaria y Continuada, entre las 35 medidas, los expertos reclaman analizar la actual distribución de zonas básicas de salud e identificar las que necesiten modificaciones, teniendo en cuenta para ello, además de los criterios clásicos, otros como el grado de dependencia, dispersión, cronicidad, existencia de centros residenciales, oficinas de farmacia o botiquines, centros sociosanitarios y escolares, según informa Ical.

Otra iniciativa es elaborar un plan de recursos humanos en Primaria, que tenga en cuenta las carencias actuales y las necesidades futuras, así como garantizar la asistencia sanitaria a toda la población, asegurando la atención en todos los consultorios.

Un sistema sanitario preparado

Uno de los bloques, que consta de 30 medidas, se centra en la preparación del sistema sanitario ante futuras oleadas de la pandemia. Se propone la necesidad de garantizar el suministro suficiente de equipos de protección, material médico, el uso adecuado de las pruebas, la necesidad de tener estrategias preparadas ante nuevos brotes, análisis continuo de la situación, diseño de circuitos separados para la atención sanitaria, mejora de las infraestructuras hospitalarias y recuperación de la actividad ordinaria en la mayor medida posible. En relación con pruebas diagnósticas, se propone mejorar la dotación en equipamientos y personal y planificar la coordinación para aumentar la capacidad de hacer pruebas.

Refuerzo de la salud pública

Ocho medidas abordan el refuerzo de la salud pública y la vigilancia epidemiológica, entre ellas los expertos proponen aumentar la inversión en salud pública, tanto para tareas de vigilancia como de promoción y protección de la salud, con el objetivo de alcanzar al menos el tres por ciento del gasto sanitario total al final de la presente legislatura. Además, se plantea una reestructuración de los servicios de salud pública, mejorando retribuciones y perfil profesional para tener un recurso eficiente fuera de la situación de pandemia. A fin de alcanzar una mejor organización, los expertos proponen revisar y aprobar esta legislatura las demarcaciones de salud pública, que ayudarán a mejorar la coordinación con Atención Primaria mediante la revisión de las funciones.

La gestión de los recursos humanos

Las dificultades de cobertura de plazas es el telón de fondo permanente en este bloque. Para solucionar los problemas existentes plantean cuatro acciones: mejoras organizativas (calendarios, jornadas, descansos, permisos o conciliación); mejorar las condiciones laborales de los profesionales, tanto contractuales como económicas; reconocer los logros y promover la motivación; e identificar e incentivar puestos de mayor sobrecarga para el profesional y los de difícil cobertura. Para ello proponen, por ejemplo, promover el acceso a cargos de responsabilidad y coordinación bajo los principios de acceso a la función pública, o sueldos más altos, con el fin de reconocer a los profesionales y favorecer la fidelización.

Financiación y mejora de la eficiencia

Los expertos se centran en distribuir el fondo de 250 millones acordado en las Cortes entre los centros de gasto implicados, en función de las capacidades, necesidades y gastos ya ejecutados, de manera que los incrementos estructurales de recursos humanos y determinadas inversiones en equipamientos e infraestructuras que van a quedar incorporadas en los centros deberán asignarse al correspondiente capítulo presupuestario. Se propone además alcanzar progresivamente un gasto sanitario en relación con el PIB no inferior a la media de la UE, incrementar los presupuestos de sanidad de Castilla y León contemplando aspectos como el envejecimiento y la dispersión o recuperar las inversiones reales.