La Universidad de Burgos celebró ayer su primer Consejo de Gobierno en la Estación de la Ciencia y la Tecnología, antigua terminal de tren que explota la institución a través de un convenio con el Ayuntamiento. Con nueve puntos a abordar en el orden del día de la reunión, sus integrantes aprobaron cuestiones como la implantación de un Plan Antifraude para evitar el mal uso de los fondos procedentes de Europa, así como la creación de dos cátedras para profundizar en distintos campos de conocimiento y la regulación de las retribuciones mínimas que percibirá el personal investigador.

En lo que se refiere al primer punto y en cumplimiento de lo requerido por la UE, el plan busca que la UBU «sea una institución modélica en la implantación de políticas contra el fraude en el ámbito de la gestión de contratos públicos, ejecución del gasto, subvenciones y recursos humanos», según explicaron fuentes de la Universidad. El protocolo prestará especial atención a los recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciéndose medidas correctoras para que «estos recursos no se malgasten y cumplan con los fines a los que se asignan». 

El plan tendrá duración indefinida, aunque se analizará cada dos años. No obstante, la evaluación del riesgo en los procesos clave de ejecución «se revisará cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en algún procedimiento o en el personal de la institución».

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a las retribuciones mínimas de los investigadores, que oscilarán entre los 17.200 y los 33.300 euros, mientras que en el área responsabilidad social se aprobó la creación de una cátedra de Inteligencia Emocional, en colaboración con el ITCL y con el fin de acercar este campo a la sociedad, y otra junto al Rotary Club para investigar sobre la poliomelitis.