El Gobierno de coalición se ha propuesto acometer algunas de las reformas más importantes de los últimos años en el ámbito de la Educación. Si ya lo hizo con la Lomloe, también llamada ley Celaá, aprobada a principios del pasado año, ahora le toca el turno a la norma de Formación Profesional (FP), que ya ha pasado el sesgo del Congreso con el voto en contra del Partido Popular.
Por eso, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, tendió ayer la mano a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, y en especial al PP, para negociar su apoyo a la reforma.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado desde su incorporación hace seis meses al Gobierno, Alegría apostó por «volver a repetir e incluso mejorar» en esta Cámara el «elevado» consenso que logró la Ley Orgánica de la FP en el Congreso.
Para ello, hizo patente la «voluntad máxima de diálogo del Gobierno en todo aquello que mejore la ley» porque a su entender ampliar su respaldo es «lo que nuestro país espera, lo que nuestras empresas necesitan y nuestros jóvenes merecen». Porque según su criterio, la nueva norma «transformará la vida de la gente».
También puso especial énfasis en la importancia que para el Ejecutivo tiene esta norma, que definió como «un proyecto de país» y junto a la Lomloe uno de los «pilares» de la reforma educativa por la que apuesta el Gobierno para fomentar el empleo de los jóvenes y mejorar sus expectativas profesionales.
Al explicar las líneas generales de las políticas de su Departamento, remarcó la activación de las negociaciones con los sindicatos sobre el acceso a la función docente que arrancarán mañana, una reforma «indispensable» que el Gobierno quiere que sea pactada.
Apuntó que se quiere ampliar y revisar el período de prácticas de los nuevos profesores, así como reforzar la formación permanente de este sector, entre otros muchos aspectos, de modo que el «diálogo» permita aprobar un Estatuto del Docente que por primera vez regule el acceso y desarrollo de la carrera profesional.
Pilar Alegría, que destacó el esfuerzo presupuestario sin precedentes del Gobierno en Educación, puso como ejemplo el aumento de las becas, que han llegado a los 2.149 millones de euros en este curso, un 44 por ciento más que en 2017 y con un millón de estudiantes y familias beneficiados.
También reseñó los 50 millones de euros en ayudas para libros de texto que se transferirán a todas la comunidades autónomas.
Respecto al impacto de la pandemia en las aulas, defendió la presencialidad como instrumento «insustituible» para una educación de calidad, sobre todo tras la experiencia del confinamiento, y teniendo en cuenta que las escuelas «son espacios seguros».
Eso sí, reconoció que la variante ómicron ha causado un «enorme estrés» en la reanudación del curso el pasado enero, pero confió en que los avances en la vacunación y su extensión a niños y adolescentes permita que la parte final del período lectivo se pueda desarrollar con mayor «normalidad».
Un currículo polémico
En cuanto al desarrollo del nuevo currículo a partir de la Lomloe, la ministra garantizó que no supondrá bajar «un ápice» la calidad del sistema educativo, porque los alumnos «no van a aprender menos» sino que lo harán de «una forma diferente» más acorde con su futuro profesional. Además, hizo alusión a la polémica sobre la repetición de curso e insistió en que solo será una «medida excepcional» porque no es útil para mejorar el rendimiento escolar y además es «injusta», así que apostó por dedicar los recursos a otras medidas que eviten el fracaso escolar.