La galopante escalada de precios no solo está afectando al bolsillo del consumidor particular, sino que está poniendo en riesgo la viabilidad de centenares de compañías dedicadas a la obra pública. Prueba de ello son las 15 licitaciones que desde principios del año pasado se han quedado desiertas, bien por falta de pujantes o bien por recibir ofertas mayores que el presupuesto base por el que fueron lanzadas.

La oleada de trabajos que no se han podido iniciar ante la falta de contratistas llegó a la docena durante 2021, mientras que en lo que llevamos de 2022 ya suma tres. Las administraciones locales son las que más problemas están notificando ante el imparable ascenso de los materiales, que modifican casi a diario -al alza- los precios de las licitaciones. Ayuntamientos y Estado han visto cómo se quedaban en standby contratos por valor de 2 millones de euros en Burgos. «El sobrecoste de la construcción se sitúa en el último año en el 25%», reconoce Enrique Pascual.

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