«La mitad del Plan de Empleo 2022 ya está hecho», asegura Jesús María Sendino, diputado provincial responsable de Empleo Rural, al recordar que varios ayuntamientos formalizaron el pasado mes de marzo, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, unos 180 contratos que ahora esperan poder financiar con cargo a uno de los dos planes de empleo de la Diputación provincial, que están dotados con 2,5 millones de euros y contemplan la contratación de 500 desempleados, a 5.000 euros por trabajador.
La institución provincial, afirma Sendino, reservará 900.000 euros de los dos millones del denominado Plan de Empleo I para financiar esos 180 contratos, «que se realizaron porque los ayuntamientos tenían necesidad y no podían esperar a que tuviéramos un marco legal nuevo» matiza, y lo hará como todos los años dentro de los planes de empleo o a través de subvenciones directas, «pero contarán con una ayuda de la Diputación».
Uno de esos ayuntamientos que realizó una contratación antes de la entrada en vigor de la reforma laboral es el de Redecilla del Camino. Julio Gallo, alcalde de la localidad, asegura que el día 29 de marzo dieron de alta a un trabajador por medio año al 90% de la jornada y considera que no tendrán «ningún problema» para incluir el contrato de dentro de la subvención del Plan de Empleo de la Diputación.
Además, este ayuntamiento también está a la espera de poder contratar más personal, relacionado con el turismo, y el alcalde espera a las nuevas convocatorias, recordando que el problema para contratar «lo tienen todas las administraciones, desde la Diputación a la Junta».
Sendino reconoce que la reforma laboral ha creado mucha incertidumbre en las administraciones públicas a la hora de realizar nuevas contrataciones o, como en el caso de las diputaciones, sacar sus planes de empleo sin que se duplicaran con los de la Junta. «Ante esta incertidumbre y la necesidad que tenían algunos ayuntamientos decidieron contratar con la legislación antigua», indica el diputado provincial responsable de Empleo Rural, quien insiste en afirmar que esos 180 contratos «son legales».
Ahora lo que se pretende desde el equipo de gobierno es que los mismos se puedan incluir en los planes de empleo, «que va a salir tarde, pero saldrán como todos los años y todos los ayuntamientos podrán contratar a un trabajador, y si luego sobra dinero a un segundoe incluso a un tercero», manifiesta Sendino, quien confía en que esos contratos cumplan los requisitos que se establecen en el convenio que suscribirá la institución provincial con la Junta, «para evitar las duplicidades», matiza.
Otros años por estas fechas ya estaban en marcha las convocatorias de esos dos planes propios de la Diputación, el Plan de Empleo I y el Plan de Empleo II Discapacitados, que contempla la contratación de 400 y 100 desempleados, respectivamente, para la realización de obras de interés comunitario, como la mejora de jardines y espacios públicos, que se suelen acometer en esta época de cara al verano.
Este año todavía no se han publicado las convocatorias por esa inseguridad jurídica que planteaba la reforma laboral y que ahora se resuelve con la adhesión de la Diputación al convenio de la Junta.
A pesar de poder contar ya con este instrumento legal para contratar, Sendino no se atreve a fijar una fecha, ya que matiza que la tramitación administrativa no solo dependen de la institución provincial, del departamento de Empleo Rural, ya que ahora es la Junta la que debe ir autorizando los pasos a dar.
Otros planes. Además de estos dos planes propios de la Diputación, también está previsto un tercero en colaboración con la Junta, conocido como Preplan, también dirigido para que los municipios realicen contrataciones y que está dotado con 600.000 euros, y la previsión es que también se convoque el conocido como Plan de Empleo Forestal, apunta Sendino, que permite la contratación de brigadas forestales para la prevención de incendios en el interfaz urbano, «aunque en nuestro caso, por las denuncias, se pueden destinar a realizar otro tipo de actuaciones como la mejora de infraestructuras que realizaron el año pasado».
Por lo que respecta a la duración de los nuevos contratos, Sendino señala que según se establece en el convenio suscrito con la Junta «serán como máximo de seis meses». Hasta ahora, la duración de los contratos y el tiempo de la jornada laboral dependían de cada ayuntamiento. La premura con la que se aprobó la reforma laboral, además de pillar a las administraciones sin resortes para afrontar las contrataciones, dejó a cientos de desempleados del mundo rural sin la posibilidad de optar a estos contratos son su única oportunidad para acceder al mercado laboral.