El Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria ha logrado aplazar por un periodo de seis meses el pago de 4 millones de euros correspondientes a la deuda sostenible y que vencía hoy. Las negociaciones con la Caixa, Ibercaja y Dexia se sucedieron durante la semana y finalmente se llegó a un acuerdo que dará un poco más de tiempo de cara a lograr el dinero antes del 30 de octubre.

El concejal de Hacienda, David Jurado, se congratuló del acuerdo alcanzado con las entidades financieras y confía en que entren ingresos procedentes de tres parcelas sobre las que existe una opción de compra. De los casi 4,1 millones de deuda, 3.394.000 corresponden al capital y 669.000 a los intereses. La falta de liquidez como consecuencia de no haber podido ingresar 8.424.000 euros correspondientes a adjudicaciones de suelo realizadas hace meses pero que todavía no se han escriturado ante notario y, por lo tanto, no se han abonado ha impedido el pago de la deuda. 

Entre esas parcelas está la parcela adquirida por Pecsa para la construcción de una torre frente a la antigua estación de ferrocarril y que tiene un importe de 6 millones. Sus promotores ya han empezado la comercialización, de modo que la firma sería prácticamente segura. Tiene de plazo hasta noviembre para la inscripción en el notario y pagar. 

Los otros dos millones corresponden a parcelas de menor tamaño, una para uso residencial y otra de residencial y terciario. «Confiamos es que todas se materialicen y podamos abonar el pago», añadió Jurado. 

De este modo, se aplaza el pago del capital pero se seguirán abonando los intereses de la deuda y los bancos no han pedido ninguna contraprestación.

En la actualidad las ventas de suelo se encuentran paralizadas al haberse promovido una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reducir el uso terciario del suelo de 66.000 a 24.000 y ganar en residencial que tiene más salida en el mercado. La modificación, que afecta a un total de 11 parcelas, ha superado el periodo de información pública y ahora los técnicos del área de Fomento del Ayuntamiento deberán estudiar las alegaciones que se han presentado y resolverlas para la aprobación definitiva en mayo o junio. 

La deuda del Consorcio del Desvío asciende actualmente a 132 millones de euros, de los cuales, 103 se deben sufragar con la venta de terrenos y los 29 restantes están imputados al Ayuntamiento, que cada anualidad aporta 3,6 millones de sus presupuestos.