Las patronales empresariales de hostelería y comercio se han unido para urgir al Ayuntamiento a que dé pasos en la tramitación de las ayudas fiscales recogidas en el acuerdo firmado el pasado 8 de abril por parte de todos los grupos políticos y que recoge un paquete de medidas extraordinarias de apoyo con motivo de la crisis sanitaria. Estas tienen que ver con las bonificaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), entre el 25 y el 75%, para aquellos negocios que tuvieron que cerrar por el confinamiento, aplicaron Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) o su facturación se haya resentido al menos un 25% respecto al semestre previo a la declaración del estado de alarma.
En una carta dirigida al alcalde, Daniel de la Rosa, que presentarán hoy mismo en el Consistorio, las dos federaciones hacen referencia a que la aplicación de dichas rebajas está prevista para el próximo año, exponiendo que para ello es necesaria la «oportuna regulación en la correspondiente ordenanza fiscal con antelación suficiente» para que puedan entrar en vigor en el periodo establecido. En este sentido, el presidente de los empresarios de hostelería, Fernando de la Varga, asegura que desde el 8 de abril no han tenido noticias al respecto. «Entendemos que ha pasado tiempo suficiente», señala, mostrando su temor a que los «plazos legales se echen encima para poder solicitarlas debido a que la burocracia municipal lleva más tiempo del que nos gustaría».
En el mismo sentido, la máxima representante de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC), Consuelo Fontecha, considera que la articulación de la regulación de estas ayudas tiene que estar cerrada antes del 1 de enero porque de lo contrario «ya no se podrían hacer efectivas» el siguiente ejercicio, además de que tienen que publicarse las bases para poder solicitarlas: «No queremos que lleguen para 2022 porque la necesidad la tenemos ahora y no sabemos lo que va a pasar dentro de un año».
Indicadores negativos. De la Varga considera que se trata de una medida «prioritaria» para los dos sectores, máxime cuando las previsiones de recuperación de ambos no se están cumpliendo y los «indicadores actuales no son positivos, sino todo lo contrario». Fontecha afirma que la rebaja del IAE beneficiaría a todos los empresarios, mientras que el IBI atendería las necesidades de los que son propietarios de los locales que regentan y que no se pueden beneficiar de las ayudas municipales al alquiler.
Los representantes de estas patronales ponen de manifiesto en la misiva la «situación de gravedad» por la que atraviesan muchos establecimientos y la repercusión «negativa» que tendría en la ciudad que esas bonificaciones «no llegaran a tiempo». Consideran que son dos de las actividades más perjudicadas por la crisis y que, aunque sus ocupaciones resulten distintas, «tenemos muchas cosas en común porque somos los que estamos en la calle y la damos vida». Además, insisten en que lo que reivindican está recogido en un acuerdo firmado por todos los grupos políticos municipales y «no podemos dejar pasar esa oportunidad».