Se trata de situación generalizada en el sistema universitario español, pero en este caso el Procurador del Común insta directamente a la Universidad de Burgos a que aumente el cupo de plazas reservadas para alumnos con discapacidad al atender la queja de uno de ellos que no pudo acceder a un grado. El motivo fue que al haberse suprimido el proceso de admisión extraordinario, las vacantes destinadas a este colectivo, un 5%, pasaron al cupo general y fueron cubiertas por el resto de estudiantes.
Dicho órgano valora los avances realizados en la última década para el acceso de estos jóvenes a los estudios superiores, si bien los calificar de «insuficientes». El Real Decreto del 14 de junio de 2014 por el que se establece la normativa básica de acceso a estas enseñanzas no contempla lo que sí que recogía el de 2008, que era la posibilidad de ampliar los puestos reservados para personas con discapacidad en la convocatoria extraordinaria. «Esta omisión ha supuesto un importante perjuicio para algunos estudiantes con discapacidad que, a pesar de que su cupo de reserva no se hubiese agotado, se han visto obligados a esperar un curso entero para poder iniciar el grado deseado».
Esta situación es la que expuso ante el Procurador del Común un alumno con un grado de discapacidad del 37% que no pudo entrar este curso en el doble grado de la UBU de Derecho y Ciencias Políticas, ya que «en la fase del procedimiento en la que solicitó plazas ya no se ofertaban para su colectivo», ya que las que habían quedado desiertas en junio se acumularon al cupo general y matriculación.
La institución académica explica que se ofertaron 2 plazas de un total de 40, presentándose tres solicitudes en el proceso de preinscripción pero que, sin embargo, no llegaron a formalizar matrícula, por lo que se pusieron a disposición del resto del alumnado. En este sentido, el órgano independiente recuerda que el Defensor del Pueblo pidió a la Administración estatal que modificara la normativa para que las universidades pudieran aumentar las plazas para este colectivo cuando el cupo de reserva pase al general al no haber suficientes solicitantes en la fase ordinario. Sin embargo, dicha petición no se ha llevado a cabo tras ser aceptada.
Hasta que se produzca dicho cambio, el Procurador del Común reclama a las administraciones públicas la adopción de medidas de «discriminación positiva» y recuerda que la Ley de Universidades contempla que «se garantizará la igualdad de oportunidades de los estudiantes y de los demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad», sin olvidar el «derecho a la educación inclusiva y en igualdad de oportunidades». Además, considera que la reclamación planteada no supone «un detrimento de los derechos de terceras personas» debido a su escasa incidencia en el número todas de plazas de cada grado.
Por todo ello, exige una respuesta «urgente» para solucionar este problema y pide a la UBU que, en los futuros procesos de admisión, se valore la posibilidad de aumentar las vacantes hasta completar el 5% de reserva para personas con discapacidad cuando las ofertadas se acumulen al cupo general al no haber solicitantes. Eso supondría, según explica en su resolución, facilitar el acceso a este colectivo fuera del periodo de preinscripción.