El Juzgado de lo Penal 3 de Burgos condenó a 2 años y 9 meses de prisión al conductor que acabó con la vida de Alba Loreto Vargas en mayo de 2021 mientras realizaba un adelantamiento imprudente y bajo los efectos del alcohol (0,60 miligramos por litro expirados). La sentencia del pasado mes de abril, en la que se le atribuyeron los delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones por imprudencia grave planteaban 2 años y seis meses de prisión, además de la privación del derecho a conducir durante 3 años y 6 meses por el primer delito, y 4 meses y 15 días, por el segundo. Tras apelar la sentencia ante la Audiencia Provincial, este tribunal ha ratificado en todos sus extremos el dictamen del Juzgado de lo Penal, por lo que el conductor de 65 años y vecino de El Berrón continuará en prisión, donde permanece desde junio del pasado año.

El conductor fue sorprendido apenas unos días después del grave accidente en la CL-629, realizando maniobras peligrosas a la altura de Balmaseda, muy cerca del lugar del accidente, y tras un aviso ciudadano, la Policía Autónoma Vasca le dio el alto y volvió a realizarle la prueba de alcoholemia. De nuevo arrojó 0,62 miligramos por litro en aire expirado, muy por encima de la tasa legal permitida, y el Juzgado 2 de Villarcayo le envió a prisión provisional sin fianza. Allí ha continuado todo este tiempo, «al quedar acreditada una reiteración y peligrosidad en la comisión de delitos contra la seguridad vial», como indicaba el auto judicial que en su día le denegó la puesta en libertad.

La misma sentencia, recurrida por el conductor y por el padre del hijo de Alba Loreto Vargas, que viajaba con ella y entonces tenía 4 años, condenaba a la compañía de seguros del vehículo del condenado a indemnizar con 1.061 euros por los costes del sepelio de la víctima y a otros 11.535 euros en concepto de responsabilidad civil. Estas cantidades se vienen a sumar a las que ya se entregaron a la familia en concepto de indemnización. En la sentencia, el Juzgado de lo Penal también estableció que se prolongara la situación de prisión provisional, en caso de que, como ha sucedido, se presentara un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El condenado basó su apelación en cuestiones como «un error en la valoración de las pruebas» durante la instrucción del caso en Villarcayo, a lo que la Audiencia responde que «si se han practicado pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable)». La Audiencia estima que la sentencia se sostiene en la declaración del acusado y de los testigos de los vehículos que se vieron involucrados en el grave accidente junto con el atestado policial y el testimonio de un agente de la Guardia Civil, así como el informe toxicológico, entre otras. Los testigos advirtieron de la «maniobra inadecuada de adelantamiento» en una recta en la que podía ver perfectamente el cuadriciclo de la víctima frente a él.

El recurso del condenado también aludía a «la vulneración del derecho a la presunción de inocencia e 'in dubio pro reo'», a «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» o a «una defectuosa aplicación de la pena», aunque se le ha aplicado la más baja de las posibles por el delito de homicidio por imprudencia grave que puede llegar a ser de 4 años.

Por su parte, el padre del hijo de la víctima apeló reclamando para el niño una indemnización de 45.787 euros frente a los 27.472 que ha percibido, y otra de 23.789 para él frente a los 14.327 ya recibidos, algo que tampoco se le ha concedido, porque la Audiencia comparte el dictamen del fiscal que planteaba mantener las cantidades que ya planteó el juzgado de instancia.