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Cautivo de sus palabras

Á.M.-A.R.-C.M. / Burgos
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Los propios informes técnicos a los que el edil se aferraba para defender su 'inocencia' prueban contradicciones mayúsculas

De los muchos aspectos sorprendentes que tuvo la pseudorueda de prensa protagonizada ayer por Villanueva (leyó un discurso -así lo pone en el texto- y se retiró a los cinco minutos de abrir el turno de preguntas sin contestar las muchas que quedaron en el aire), el que probablemente más llamó la atención de los estupefactos espectadores fue que al menos una parte sustancial de lo que el concejal aseguró que los informes técnicos del caso decían, en realidad no lo decían. O lo decían a medias. O incluso decían lo contrario.

Antes de entrar en el detalle, viene a cuento subrayar lo que el propio edil destacó: que los informes están elaborados por «técnicos independientes del Ayuntamiento que ustedes conocen y de los que espero, como no puede ser de otra manera, nadie dude». Y ahora sí, a las afirmaciones y a los documentos. Y después a cotejar lo uno con lo otro.

Villanueva dijo que «esta tarjeta de datos, por un error detectado tarde, sí, detectado tarde, provoca unos niveles de facturación y consumo desorbitados frente a los 39 euros de tarifa plana». En los informes se deja muy claro que el Ayuntamiento no detecta nada, sino que «con fecha 27/06/2011 el comercial de Telefónica asignado al Ayuntamiento de Burgos indica que se ha detectado un consumo anormalmente alto en la factura» de la línea de la que Villanueva tenía, no uno, sino tres duplicados.

Además, y suponiendo que el error existiera (la compañía sigue manteniendo que solo la «mala praxis» del concejal provocó el suceso), en nada influiría sobre el «consumo desorbitado» que el propio concejal reconoce.

También sostuvo que «las anomalía fueron detectadas y corregidas, tarde, pero corregidas, sin que exista ningún perjuicio económico para el Ayuntamiento y ninguno de sus ciudadanos». Por contra, el informe final del vicesecretario advierte que «no ha habido repercusión económica alguna para el Ayuntamiento derivada del uso de la tarjeta de datos duplicada puesta a disposición del concejal salvo la relativa a los costes financieros que correspondan por el indebido abono de la factura correspondiente al periodo abril-mayo con cargo al Plan Montoro».

Según el informe de Tesorería emitido en la tarde de ayer, el pago de esa factura, de más de 128.000 euros de los que 122.000 correspondían al duplicado que usaba Villanueva, «los intereses del préstamo vinculados a esta cantidad que se han devengado a fecha actual ascienden a 1.107,97 euros». Eso por el momento, puesto que el mismo informe dice que «no se ha producido el ingreso de 128.189,01 euros (la devolución) ni han solicitado la compensación del abono». Es decir, que de momento el dinero lo tiene Telefónica y, en el mejor de los supuestos, ya ha costado más de 1.000 euros en intereses.

Por si eso fuera poco, Tesorería también confirma el pago por duplicado (avanzado ayer por este periódico) de varias facturas que, al igual que la de 128.000, eran subsidiarias del uso del duplicado del concejal y que sumaban decenas de miles de euros que producirán intereses. Por tanto, no es correcto tampoco este punto.

De Oxford a los papeles

Se oyeron hasta risas cuando el todavía concejal se refirió a un estudio de las universidades de Oxford y Oviedo que dice «que el consumo medio de un español para un uso habitual es de 500 gigabytes al mes», por lo que «yo no dejo de estar en la media de cualquier hogar o consumidor de España».

Sin entrar en que tal consumo se considere doméstico, el informe al que aludió Villanueva dice que «el consumo se dispara hasta unos límites bastante elevados», no dice que sean domésticos en ningún lugar, cuando «además de doblar las horas de utilización de los mismos servicios que el caso básico (el que encajaría en doméstico), también emplean la línea para ver vídeos en alta definición por streaming, educación on line etcétera». A más, difícilmente encaja que Villanueva diga que 500 gigas mensuales es algo normal cuando un minuto antes reconoció «unos niveles de facturación y consumo desorbitados» en referencia a 221 gigas, menos de la mitad.

No es menos gloriosa la siguiente. Dijo, literal, ser «consciente de que un error involuntario, de quien sea, puede tener consecuencias políticas y que ese desgaste lo lleva el puesto y va en el sueldo». Curiosa afirmación para quien terminó negándose a dimitir.

Continúa aseverando que «no he hecho nada y lo avala el informe». Bien, son palabras textuales del vicesecretario, en su informe, estas: «Sí destacamos, por el contrario, que su uso (el del duplicado), al menos en unos determinados meses desde un punto de vista cuantitativo ha sido, a nuestro juicio y salvo que se afirme lo contrario, desmedido y en consecuencia inapropiado». Ahí Villanueva interpretó que el informe le avala en que no ha hecho «nada».

Como autor de todas las contradicciones que aquí se reflejan, no se podía esperar un final mejor que este: «La verdad no es la que nos quieren hacer ver los demás. La verdad es lo que se puede probar y comprobar. Y este informe de los técnicos reconoce no mi verdad, sino la verdad».

Además de hablar de «uso indebido», de consecuencias económicas en forma de, al menos, intereses, y de consumos excesivos, el vicesecretario recomienda que se investigue en qué se utilizó el movimiento de datos con el fin de esclarecer si se produjo un uso privado de un bien público. Todo un aval.

Pero esto no es baladí. En el mermado turno de preguntas Villanueva reconoció, explícitamente, que el duplicado lo usa «en el ordenador personal», y a la pregunta de si hace distinciones entre dispositivos personales y municipales contestó que «tampoco». Además de una temeridad, decir eso abiertamente es concretar los temores del vicesecretario tal y como quedan expresados en su informe.

Dice el alto funcionario que el uso de la tarjeta ha de ser, «como en el caso de cualquier otro bien municipal, legítimo. Esto es acorde a la finalidad con la que se pone a disposición, que no puede ser otra que una finalidad pública basada en un interés público. Ese interés público veta cualquier otro uso hecho a título particular, y ello con independencia que el mismo no suponga carga económica alguna para el Ayuntamiento».

Para soslayar esta advertencia, Villanueva tendría que convencer a quien le escuche de que, cada vez que usara su ordenador particular, retiraba el ‘pincho’ con el duplicado y ponía uno de su propiedad.

Por último, conste de nuevo que todo lo que aquí se expone se hace sin salir (salvo en el caso del estudio de Oxford, claro) de contraponer lo dicho por el concejal suspendido con lo escrito por los técnicos municipales. Marciano, pero cierto.