La plantilla municipal de Miranda ya ha realizado prácticamente la totalidad de las horas extraordinarias que el equipo de Gobierno había previsto para el curso completo. Concretamente, la cifra roza el 93% de presupuesto consumido. En apenas nueve meses, han salido de las arcas del Ayuntamiento algo más de 540.000 euros, cuando de cara al presente ejercicio entero se habían destinado para esta partida 583.000 euros.
Estos datos pertenecen a la suma de dos conceptos diferentes. Por un lado, se encuentran las horas extraordinarias propiamente dichas, que las realizan el denominado como personal laboral. El presupuesto diseñado por el PSOE cifraba esa cuantía para 2022 en 21.000 euros y, a día de hoy, los trabajadores han cobrado más de 53.000. Por otra parte, está la partida de gratificaciones, que corresponde a los ingresos que reciben por su labor fuera del horario habitual los empleados que son funcionarios. En la actualidad, el Ayuntamiento ha desembolsado por ese motivo unos 487.000 euros y solamente dispone, según lo presupuestado, de otros 75.000 euros para los próximos 90 días.
Dentro de este último grupo de trabajadores están incluidos los servicios de emergencias que dependen del Consistorio. Es decir, la Policía Local y los Bomberos. Precisamente, estos dos departamentos han acaparado hasta septiembre 472.000 euros del total. Sobre ese concepto, el equipo de Gobierno tenía previsto que en 12 meses se hubieran consumido unos 550.000 euros. Por lo tanto, si entre octubre, noviembre y diciembre se mantiene la tendencia en cuanto a las gratificaciones a funcionarios, el presupuesto inicial se habrá quedado corto en unos 80.000 euros.
Con todo, se observa un desajuste en las cuentas que dependen del departamento de Hacienda y Personal, liderado por la concejala Matilde Fernández, quien ahora se encuentra trabajando en la redacción del presupuesto de cara a 2022.
En cualquier caso, la situación actual con las horas extraordinarias ya se había dado en ejercicios anteriores. Sin ir más lejos, Izquierda Unida ha destapado este desajuste en el presupuesto durante varios años. Incluso en 2020 denunció ante la Inspección de Trabajo que el Ayuntamiento de Miranda no había cumplido con la normativa.
De forma concreta, IU alertó de que en el ejercicio previo la plantilla municipal había recibido más gratificaciones de las que permite la ley. En este sentido, la regulación vigente limita el desembolso del Ayuntamiento por este motivo a un 10% de la masa salarial de los funcionarios. Por lo tanto, quedó constancia de que en 2019 se rebasó en 33.000 euros la cantidad estipulada por la norma.
Desde entonces, los grupos de la oposición han reclamado medidas para evitar que se repita año tras año el mismo problema. Entre ellos, Izquierda Unida lo ha hecho con más fuerza y ha presentado reclamaciones a cada presupuesto por la «manifiesta insuficiencia de la partida para asumir los gastos». Unido a ello, también ha instado al equipo de Gobierno a desarrollar Ofertas Públicas de Empleo que cubran la plantilla y, así, dejar de depender de las horas extra.