La contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero es un problema de salud pública que lejos de corregirse va en aumento por la presencia de cada vez más explotaciones y la intensificación del sector primario, y cuya principal consecuencia es la limitación del abastecimiento de agua a las poblaciones afectadas que obliga a disponer de costosos sistemas de depuración. 

El mapa de la provincia de Burgos recoge, según el Decreto 5/2020 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, siete zonas vulnerables -el anterior de 2009  incluía 5- a la contaminación por esos nitratos que afecta a un total de 61 municipios y a una superficie de 3.949,87 kilómetros cuadrados.

En el conjunto de la comunidad autónoma se localizan un total de 24 zonas repartidas por todas las provincias y que integran a 387 municipios, con una superficie de 14.414 kilómetros cuadrados que en porcentaje supone el 15,28% de la superficie total de la región y el 2,84% de la nacional.

La situación es más que preocupante porque esas últimas cifras suponen un incremento tanto en el número de zonas, pero sobre todo de municipios afectados, ya que en el Decreto publicado en 2009  se declaraban 10 zonas en Castilla y León y 67 municipios. Las nuevas cifras suponen un aumento de más de 10.000 kilómetros cuadrados de espacios vulnerables. Además, afectarían al 20% de la superficie agraria útil de la región. Hace apenas unos días, la Junta ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental estratégica del programa de actuación de esas zonas vulnerable a la contaminación por exceso de nitratos de origen agrícola y ganadero para corregir esa situación y minimizar los riesgos que supone para las poblaciones que sufren las consecuencias en los manantiales subterráneos de los que se nutren para el abastecimiento de agua potable pero también en otros de carácter superficial. 

La protección de las aguas está, por otra parte, regulado por la Unión Europea, cuyo Consejo aprobó en 1991 una Directiva en ese sentido obligando a los estados miembros a identificar las aguas afectadas y a vigilar la concertación de nitratos en una serie de estaciones de muestreo. Así, se considera que la concentración máxima admisibles de nitratos en el agua es de 50 mg/l y 25 mg/l el nivel guía.   
Dentro de las siete zonas vulnerables en la provincia, hay tres que concentran un importante número de localidades afectadas, la de Castrojeriz, la llamada Aluvión del Oca y el entorno de Aranda. 

La primera, además de Castrojeriz incluye otras 20 localidades en riesgo de contaminación como son Villadiego, Castellanos de Castro, Grijalba, Hontanas, Hornillos del Camino, Iglesias, Los Balbases, Padilla de Abajo, Padilla de Arriba, Pedrosa del Páramo, Sasamón, Sordillos, Tamarón, Vallejera, Villaldemiro, Villamayor de Treviño, Villaquirán de la Puebla, Villaquirán de los Infantes, Villasandino y Villegas, con  960,27 kilómetros cuadrados.

La zona regada por el Oca abarca una superficie de 265,63 kilómetros cuadros e incluye las localidades de Aguilar de Bureba, Berzosa, Briviesca, Busto, Castil de Peones, Cubo de Bureba, Fuentebureba, Grisaleña, La Vid de Bureba, Los Barrios, Prádanos, Quintanaélez, Reinoso y Vileña. En cuanto a la zona vulnerable de Aranda, incluye a la propia capital ribereña, Castrillo de la Vega, Fuentecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Haza, Hoyales de Roa, La Sequera, Nava de Roa y Villalba de Duero. Suman entre todos 340,33 kilómetros cuadrados.

La que mayor superficie afectada comprende es la zona Páramos-Esgueva, con 2.008,82 kilómetros cuadrados, aunque en este caso incluye localidades de Palencia, Valladolid y Burgos. Las burgalesas son Avellanosa de Muñó, Cilleruelo de Abajo, Fontioso, Iglesiarrubia, Royuela, Torresandino, Tórtoles, Villaescusa de Roa y Villafruela. Miranda, Bozoó y Santa Gadea es otra zona vulnerable, con 163,34 kilómetros afectados, mientras que el Aluvión del Tirón incluye a Cerezo y Fresno, con 73,31. Finalmente también es zona vulnerable Ibeas de Juarros, con una superficie afectada de 130,17 kilómetros.

Código de buenas prácticas. La designación de las zonas vulnerables lleva implícito la aprobación del código de buenas prácticas agrarias, un documento de trabajo y apoyo para promover una actividad compatible con el desarrollo sostenible, garantizando a la vez la productividad del sector y apelando a la correcta aplicación de los fertilizantes nitrogenados, dentro de la prevención de la contaminación por nitratos.

Desde la Junta  se reconoce que las condiciones climáticas, edafológicas, hidrogeológicas e, incluso, las prácticas culturales en nuestra agricultura y ganadería suponen un inconveniente a la hora de establecer de manera general una serie de normas a seguir por los profesionales en la fertilización de suelos. De ahí que el código de buenas prácticas no entre con detalle en cada situación particular, y se limita a dar una panorámica general del problema, a la descripción de las fuentes de la contaminación con nitratos y a contemplar la problemática y actuaciones generales en cada una de las situaciones. 

Por ese motivo, el código no tiene carácter obligatorio, pero sí es el marco de referencia para el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente a través de la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados, limitando o controlando las emisiones de N2O y apostando por prácticas sostenibles de manejo de estiércoles.