La Junta de Castilla y León no cuenta con el «marco jurídico» necesario para implementar unos tipos impositivos «diferenciados» en Miranda de Ebro. Desde la Consejería de Economía y Hacienda, sostienen que «no se pueden poner ventajas fiscales con respecto de Aranda de Duero», por ejemplo. A falta de una normativa estatal que dé soporte y garantías legales a este tipo de medidas, resulta totalmente inviable. Ahora bien, esta dura realidad no es contraria al hecho de que el cambio pueda considerarse positivo. Y, prácticamente, necesario si se pretende competir con la región vecina, Álava.
«El origen de que mucha gente de Miranda se vaya a trabajar en el País Vasco viene dado porque el sistema fiscal foral tiene ventajas competitivas», sostienen en la administración regional. Así, «el contexto» de la ciudad resulta complejo, dado que en su entorno pueden hallarse ciertas facilidades a la hora de invertir, como un Impuesto de Sociedades más llamativo. Por este motivo, en la Junta -como en FAE- reconocen que la idea de establecer una especial protección fiscal podría ser «deseable». Pese a ello, sin un cambio desde el poder legislativo estatal, resulta imposible.
La fiscalidad diferenciada está aplicándose en otros lugares, también de Castilla y León. No obstante, estos municipios han de tener unas características muy concretas, que la Comisaría de Competencia de la Unión Europea debe aprobar previamente. Básicamente, se están implementando ciertas medidas particulares en materia impositiva allí donde la despoblación más afecta. Dentro de esta comunidad autónoma, en Soria. Fuera de ella, Teruel o Cuenca suponen buenos ejemplos igualmente.
«Todo se sustenta en una cuestión de población», resumen en la Consejería sobre las políticas previstas en Soria. «Hablamos de pueblos con una densidad de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado», subrayan. En este sentido, el precedente por el cual la Unión Europea permite llevar a cabo estas iniciativas se centra en que algunos lugares con los mismos problemas, sobre todo en zonas escandinavas, ya han empleado anteriormente esos «márgenes especiales».
Pese a todo, en la Junta recuerdan que «hay varios criterios para aplicar una fiscalidad diferenciada». Eso sí, ninguno de los que ahora mismo están vigentes parece válido o ajustable para Miranda de Ebro. El otro eje que comentan desde la administración regional pasa por el número total de ciudadanos censados en cada localidad. Sugún dicen, el actual gobierno autonómico «propuso unas bajadas de impuestos centradas en el mundo rural, sobre todo, en municipios de 5.000 habitantes como máximo».
«Ese es el margen que se tiene dentro del marco jurídico, porque las competencias impositivas le corresponden al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España», explican en la Consejería. Al fin y al cabo, la legislación en materia impositiva «depende de la Agencia Tributaria» en líneas generales. Ante esto, la Junta de Castilla y León «no tiene margen, por ejemplo, para modificar el IVA, el tramo del IRPF del Estado o el IBI». Así las cosas, dentro de los cánones establecidos por las «Cortes Generales, el legislativo nacional» la entidad regional trata de aplicar «reducciones fiscales». Y esta perspectiva, según el ente territorial, a diferencia de lo que suele «decirse», puede aplicarse «pero asegurando los servicios públicos».
Por tanto, en esta cuestión la comunidad solo puede emprender un camino. Según argumentan, «el Gobierno de España hizo una inclusión en los presupuestos» al respecto de esta materia y «desde la Junta se ha reclamado la puesta en marcha», porque todavía no la han materializado. Por otra parte, el ente autonómico ya ha llevado a cabo programas específicos que ayudaron a la ciudad a atraer industria y empleo. «Ha habido un plan de fomento de Miranda, que ha funcionado muy bien, con la venta de suelo de Ircio, por ejemplo», recuerdan en Economía y Hacienda. «Son medidas que el gobierno de la Comunidad declara, pero están limitadas en el tiempo», exponen.