Los problemas de personal en el Centro Penitenciario parecen no tener fin. De poco va a servir que en los próximos días se incorporen treinta nuevos funcionarios de prácticas, porque casi de manera simultánea otros doce partirán a otros destinos tras solicitar un traslado. La plantilla seguirá, por tanto, muy mermada pese a esta nueva hornada. Los sindicatos estiman que aún está al 60% y el principal déficit es de funcionarios de interior, donde aún hay unas 35 vacantes.
«Estamos cada vez peor», lamenta Valentín Gómez, delegado de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato que lleva años reclamando a Instituciones Penitenciarias que cubra las plazas necesarias para poder dar un servicio adecuado en el penal burgalés. «En proporción, somos uno de los que tienen el mayor déficit de España», recalca.
Y la incorporación de treinta nuevos funcionarios en prácticas tampoco va a solucionar demasiado el agujero que se ha ido generando con el paso de los años. Porque prácticamente a la vez se han marchado otros doce a sus respectivos destinos. Pero es que, además, está previsto que a lo largo del presente ejercicio otra docena de personas pase a segunda actividad.
«Prácticamente todos los años tenemos más bajas que incorporaciones», incide Gómez, quien además recuerda que a los problemas en la plantilla de funcionarios de interior, que son los más graves en este momento, se une en otras secciones. Una de ellas es la de los médicos que atienden a los internos, que ha visto cómo en los últimos dos años ha pasado de cuatro a solo una plaza cubierta.
Esta carencia no es una cuestión baladí, pues la única médico que queda está en la prisión de manera interina. Pero es que tampoco la cubre nadie cuando debe coger días libres o vacaciones. «Se hace una atención telefónica», puntualizan desde el sindicato Acaip. En esta precaria situación llevan incluso desde antes de la irrupción de la pandemia. Por suerte, las diferentes olas apenas han causado estragos entre los internos del centro penitenciario burgalés.
Desde la Confederación de Sindicatos Médicos (Cesm) llevan tiempo advirtiendo de esta falta de personal sanitario en la cárcel. Un problema que se extiende a nivel nacional. La principal causa precisamente es la escasez de profesionales que eligen estos centros como destino, básicamente porque el salario es muy inferior. Se estima que un médico penitenciario cobra casi 20.000 euros netos menos al año que uno que lo hace en Atención Primaria.
Agentes de autoridad. Otra de las reclamaciones históricas de los trabajadores de la prisión es que se les considere agentes de la autoridad como medida de protección ante las agresiones por parte de internos. Los sindicatos recuerdan que a día de hoy sale «muy barato» a nivel penal causar lesiones al personal de interior. Esta cuestión se está negociando con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aunque en las últimas semanas se han enfriado los contactos.
El centro penitenciario de Burgos ha estado libre de agresiones graves últimamente, aunque desde Acaip recuerdan que hay otro tipo de episodios que, por ser menos graves (insultos, amenazas, etc.), no dejan de ser preocupantes. Por eso reclaman esa protección legal que da ser agente de la autoridad.