La promesa fiscal de Mañueco congela las donaciones

G. Arce
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La anunciada bonificación de hasta un 99% del impuesto se espera como una de la grandes novedades de 2020, aunque el año vendrá marcado por una gran incertidumbre política

Pedro García Jarrín, abogado de Garrigues - Foto: Luis López Araico

Como viene ocurriendo en los últimos años, la incertidumbre política nacional gravita sobre el contribuyente particular y la empresa a la hora de tomar decisiones de cara al cierre fiscal del año. 2019 no ha deparado grandes novedades en este sentido -ha sido un año de "parálisis regulatoria"-, pero sí muchas promesas que, de convertirse en normas, tendrán una incidencia significativa en las inversiones de particulares y empresas.


Los expertos advierten de que es obligado tener en cuenta las promesas políticas lanzadas a lo largo del ejercicio y también la letra pequeña de los programas electorales de los partidos que parecen estar llamados a formar gobierno. "Todo ello debe sustanciarse en una norma que ha de ser aprobada parlamentariamente, lo cual puede ser difícil en las actuales circunstancias de mayorías no estables", anticipa Pedro García  Jarrín, economista y abogado del despacho Garrigues, que el viernes 13 de diciembre participará en una jornada sobre Actualización y Cierre Fiscal para la Empresa que se celebrará en la Cámara de Comercio.


Partiendo de esta realidad, en el mes que comienza se imponen primero las decisiones clásicas para el cliente particular: aportaciones a planes de pensiones (con un límite máximo de 8.000 euros al año y un 30% de los rendimientos por actividades económicas) y los ahorros por inversión en vivienda -con un máximo de 9.040 euros- para aquellas adquiridas antes del año 2013.


Este año también hay que tener en cuenta lo dictaminado por el Tribunal Supremo respecto a la exención de las cantidades percibidas por las prestaciones de maternidad o paternidad, que antes de la interpretación del alto tribunal computaban como rendimiento del trabajo, tributando como un salario. Es un dinero cuya devolución hay que solicitar, si no se ha hecho ya.


Aunque no hay nada concreto, es decir, no hay norma aprobada por el Parlamento (en este caso, el de Castilla y León), la promesa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de bonificar el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos ha tenido un amplio impacto, en el caso de las operaciones entre vivos, las donaciones. "Hay un anuncio y un borrador que aún no está publicado, pero sí hay una promesa de que en 2020 esta medida estará aprobada", matiza Jarrín. En concreto, Castilla y León recuperará una bonificación del 99% (vigente hasta 2012) tanto en Sucesiones (que se activa cuando el heredero recibe bienes mortis causa) como en Donaciones (en vida).


Este anuncio ha paralizado las operaciones de donaciones, salvo las que cumplen con los requisitos de empresa familiar. En Burgos, el impuesto de Sucesiones y Donaciones implica a una media de 5.600 contribuyentes cada año y recaudó 34 millones de euros en 2018.


"A este respecto es importante señalar que la donación conlleva dos tributos: uno para el que recibe y otro para el que transmite. El primero lo tendrá bonificado en un 99% según lo prometido, pero el donante realiza una venta a efectos fiscales y tiene que pagar una plusvalía en su IRPF por el valor de mercado del inmueble o las acciones de una empresa cotizada". Esta tributación en el IRPF, explica el profesional de Garrigues, no queda amparada por la exención autonómica porque el IRPF es de ámbito estatal. Esto no ocurre en el caso de empresas familiares. "Lo adecuado es esperar a que se apruebe la ley y ser conscientes de que en la operación tiene una tributación para quien dona".


Patrimonio

El impuesto de Patrimonio, que afecta a las rentas más elevadas (unas 1.300 en Burgos), no se toca en Castilla y León aunque sí en las comunidades vecinas del País Vasco. Así mismo se mantiene la exención total en Madrid, "lo que supone una fuente de atracción de rentas altas hacia la comunidad vecina". Es un flujo, explica Jarrín, que no cesa y que además está animado por la presión inspectora por parte de la Agencia Tributaria que existe en las provincias de la región, algo que desde la patronal FAE se ha denunciado en reiteradas ocasiones. 

 

Hay que leer los programas electorales

Los cambios fiscales que nos deparará 2020 son inciertos, como la situación política. No obstante, muchas de las medidas de impacto que han planteado los partidos llamados a gobernar España vienen recogidas en sus programas electorales o en los acuerdos firmados antes de las últimas elecciones del 20-A.


Básicamente, los ajustes planteados apuntan a un incremento de tributación para las rentas más altas. En Burgos el marginal máximo, el 44% de tributo, se activa en torno a los 66.000 euros de rendimientos del trabajo o actividad económica, aunque depende de las circunstancias de cada contribuyente. 


También, de acuerdo al pacto previo al 10-N que alcanzaron el PSOE y Unidas Podemos, se penalizarían las rentas del ahorro (dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, etc.), que ahora tributan al 21% a partir de 50.000 euros. 
En empresas, desaparecerían las exenciones totales de dividendos o ganancias patrimoniales por venta de sociedades y reparto de beneficios entre filiales, algo que recoge el pacto previo a los presupuestos de 2019. Se hablaba de incrementar un 5% la tributación de los dividendos. Las empresas ya se están anticipando a este pacto...