El colegio público Marceliano Santa María ya no ha abierto sus puerta este curso escolar 2022-2023 tras la decisión de la Junta de Castilla y León de construir uno nuevo en Villímar, el Isabel de Basilea. Sin embargo, no se ha descartado que sus instalaciones, ubicadas en la barriada Inmaculada, sigan teniendo un uso educativo y, por lo tanto, no reviertan al Ayuntamiento, según confirmaron fuentes de Educación.

Y es que existe un decreto de la Consejería de Educación en esta materia que es garantista y solo permite que los inmuebles puedan ser desafectados total o parcialmente en tres supuestos. Cuando dejen de ser necesarios en su totalidad o en parte para el desarrollo del servicio público de enseñanza, si las condiciones técnicas o características físicas del inmueble o de una parte de este hayan dejado de resultar adecuadas para la finalidad educativa o cuando concurra cualquier circunstancia de la que se deduzca la conveniencia o necesidad de desafectarlo, previa justificación.

Paralelamente, hay una norma no escrita que es dejar que pasen al menos dos años desde que un edificio que ha sido colegio deja de prestar servicio como tal antes de desafectarlo, dado que las circunstancias pueden cambiar. Por ejemplo, en pequeñas localidades de la provincia se cierran centros educativos al no haber alumnos y al año siguiente llegan familias al pueblo y vuelve a ser necesario. En el caso del Marceliano Santa María se quiere retenerlo por si, por ejemplo, el nuevo centro tuviera algún problema en el rodaje y fuera necesario trasladar a los escolares. 

No obstante, dado que el inmueble está en buenas condiciones, no se descartan otros usos educativos. Por ejemplo, cabría la posibilidad de llevar allí el centro de formación de profesores ahora en Fuentes Blancas, los equipos de orientación al alumnado que están en la antigua Escuela de Arte o el aula alternativa, que en la actualidad se ubica en el antiguo colegio Cervantes (Capiscol). En este último solo se desafectó una parte que pasó a manos del Ayuntamiento para acoger actividades de mayores. 

La autorización previa a la desafección de los edificios públicos educativos de titularidad municipal puede ser otorgada de oficio o a instancia del Ayuntamiento y la tramitación corresponde a la Dirección Provincial de Educación. 

El Ayuntamiento debe presentar la solicitud acompañada de informes sobre la necesidad del inmueble. Posteriormente, Educación está obligada a emitir diferentes informes relacionados con el inmueble en el plazo de un mes desde la solicitud. Luego el director provincial emitirá una resolución de la autorización previa a la desafectación en el plazo máximo de 3 meses. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se entenderá concedida la autorización.

Por el momento, el Ayuntamiento de Burgos no ha solicitado el edificio formalmente aunque algunas asociaciones vecinales ya han traslado el interés por utilizar este espacio como dotación para el barrio. El área de Patrimonio Municipal está esperando a que Educación les traslade la necesidad o no de estas instalaciones para así obrar en consecuencia pero tendrá que esperar.