El anuncio de la Junta de ampliar hasta las doce de la noche la apertura de los bares, sin que haya ido acompañado de un alivio en los criterios para levantar la clausura de los interiores, cerrados en la capital desde hace un mes, ha aumentado la indignación de los hosteleros. El presidente de la patronal, Fernando de la Varga, considera que con esta decisión el objetivo del Gobierno regional «sigue siendo mantener cerrado al sector el mayor tiempo posible y no ver la luz al final del camino», avanzando la llegada de protestas «más contundentes» y la posibilidad de acudir a la Justicia.
De la Varga se mostró tajante y crítico en su valoración y aseguró que la opción de ampliar el horario, cuando solo se puede dar servicio en la terrazas, no responde a una cuestión económica para mejorar la situación del colectivo. «Solo lo hacen porque no saben cómo controlar el ocio social en otros ámbitos, por lo que no tendría ninguna justificación cerrar la hostelería antes», explicó, al tiempo que añadió que así se «condena al sector a un mayor desgaste».
Por un lado, hizo referencia a que, en una ciudad como Burgos, las cenas en los exteriores no son viables debido a su meteorología, salvo en aquellos establecimientos con veladores climatizados. Y por otro, añadió que esa ampliación lleva consigo un aumento de los gastos de suministros y de personal «que no van a ser compensados con la facturación».
De la Varga entiende que en el proceso de desescalada «no podemos pasar de cero a cien», sino que hay que hacerlo de forma progresiva «porque estamos en pandemia y el interés de todos es la salud». Sin embargo, criticó que la Junta mantenga el criterio de no reabrir los interiores hasta que la incidencia de contagios no baje de los 150 por cada 100.000 habitantes. Una medida «recomendada» en el Consejo Interterritorial de Sanidad pero «que no están aplicando otras regiones». En este sentido, consideró que esto deja a Castilla y León en una situación de desventaja respecto a otras zonas con medidas más flexibles.
Sobre esta misma cuestión quiso recordar que la capital no ha bajado de esa tasa desde el pasado verano, por lo que interpretó que el mantenimiento de dicho criterio responde a que la Junta «no quiere abrir los interiores de la hostelería en los próximos dos meses». Por ello, avanzó que los servicios jurídicos de la Federación y la Confederación regional están estudiando acudir a los tribunales y solicitar «medidas cautelares» ante la posibilidad de que dicho criterio «no tenga cobertura una vez que termine el estado de alarma».
Junto a esta acción, el presidenta de la patronal anunció que se están planteando protestas «más contundentes» en Burgos y en la región como el corte de carreteras. «Basta ya de jugar con nuestro sector. Esto sigue siendo una ruina», subrayó, al tiempo que también se dirigió al alcalde, Daniel de la Rosa, para pedirle «responsabilidades» por el hecho de «no haberse preocupado y analizado cuál es el problema que hay en la ciudad para que encabece los contagios».