En menos de mes y medio la AP-1 cumplirá su cuarto aniversario sin peajes. Fue un 1 de diciembre de 2018 cuando las barreras de las cabinas de pago se levantaron por última vez. La liberalización trajo consigo una rebaja notable de los accidentes de tráfico en la N-I, la vía que empleaban a diario miles de conductores, con el consecuente alivio para los municipios que atraviesa esta carretera.
En cambio, el traslado de estos vehículos a la antigua autopista ha derivado en inmensos atascos. La existencia de solo tres enlaces (en Quintanapalla, Briviesca y Pancorbo) en el tramo entre Burgos y Miranda han convertido a esta vía, pensada para una capacidad mucho menor, en una ratonera sin escapatoria cuando hay algún percance. Es por ello que el Ministerio de Transportes decidió iniciar semanas antes sendos estudios para plantear nuevos accesos y cómo absorber alrededor de 7.000 coches y camiones más al día.
Cuatro años después tan solo hay sobre la mesa dos anteproyectos: el de mejora de la accesibilidad entre Burgos y Miranda (aprobado el 28 de julio de este curso) y el de adecuación y mejora entre Burgos y Armiñón (con el visto bueno del pasado 23 de septiembre). En total estas actuaciones suman una inversión de 314 millones de euros, un presupuesto muy cuantioso que comprende también la construcción de aparcamientos de emergencia en Quintanapalla y Miranda. Sea como fuere, todo llega con retrasos.
La entrada en vigor de la gratuidad, demandada durante décadas y solo taponada por las continuas prórrogas que concedieron desde Madrid, fue de la noche a la mañana. La carencia de medidas de permeabilidad en el eje Burgos-Vitoria ha conllevado que cada dos por tres, especialmente en verano, la vía sufra retenciones kilométricas. El propio Ministerio de Transportes ha calculado en los documentos del anteproyecto que la circulación va a crecer en torno a un 50% de aquí a 2042. Es decir, que para entonces recibirá más de 50.000 automóviles al día frente a los 32.000 actuales. Pese a estas advertencias, el subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente, defendió hasta el pasado septiembre que la ejecución de un nuevo carril en cada sentidoera «inabordable en los tiempos que corren».
¿Y ahora qué? Con los anteproyectos sobre la mesa la pelota está -de nuevo- en el tejado del Ejecutivo. Toca ahora preparar los pliegos para sacar a concurso la redacción de sendos proyectos, tanto el del tercer carril como el de los enlaces a la altura de Monasterio de Rodilla y Zuñeda. El primero está valorado en 287 millones, mientras que el segundo en apenas 27,2.
Nada se sabe sobre cuándo podrán salir a licitación estos contratos, ni por cuánto lo harán o qué plazo tendrán las adjudicatarias para tenerlos listos. Lo único palpable es que solo se han reservado 500.000 euros en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 para estas dos actuaciones, una cantidad a todas luces insuficiente. Máxime cuando tan solo el proyecto del tercer carril está valorado en 287 millones.
Cuanto más se dilaten estas actuaciones mayores serán los percances que sufran los conductores. Hasta septiembre la AP-1 se atascaba una vez cada tres días, acumulando 75 jornadas con retenciones y una paralización de la vía que se disparó hasta las 80 horas. Fue histórico el colapso del 4 de agosto, cuando un camión volcó en la salida de uno de los túneles de Pancorbo y quedó atravesado de lado a lado de la calzada. La circulación quedó cortada durante cerca de 9 horas, a las que hubo que sumar otras tantas de tránsito difícil por las labores de retirada del trailer.
Ni la intervención de la Cruz Roja, que acudió para llevar agua y víveres a los afectados -muchos menores-, mitigó la impotencia de cientos de conductores. Tampoco la N-I, a la que los efectivos de la Guardia Civil trató de derivar a los vehículos desde el enlace de Miranda de Ebro, pudo evitar el desastre.