La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convoca, a través del Servicio Público de Empleo, un programa para fomentar la formalización de contratos indefinidos a tiempo completo o parcial, por parte de empresas castellano y leonesas del sector de la hostelería, con personas desempleadas. En la financiación de estas medidas se invertirá un millón y medio de euros para el año 2022, cantidad con las que se prevé incentivar la formalización de 150 contratos.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles computados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del extracto de la resolución de convocatoria, que se ha producido hoy. El periodo subvencionable se extiende desde el 1 de enero de 2022 hasta el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

Según recogen desde el Gobierno autonómico en un comunicado difundido por Ical, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha creado un programa específico para fomentar el trabajo en el sector de la hostelería. Una actividad a la que ha afectado especialmente la crisis económica y social derivada de la pandemia, y ha llevado al cierre de numerosos negocios y la destrucción de miles de empleos.

El pasado martes, en la comparecencia para detallar el proyecto de presupuestos para 2023 ante las Cortes, el consejero Mariano Veganzones anunció que el año que viene se iban a promover medidas que profesionalicen y estabilicen el sector. Este intenso apoyo a la hostelería se inicia con esta convocatoria, con el objeto de fomentar la contratación indefinida ordinaria de personas desempleadas en dicho sector.

Con estos incentivos, desde la Junta se pretenden crear nuevos puestos de trabajo y mejorar la calidad profesional del empleo existente, permitiendo que los recursos humanos que se vinculan al sector aludido puedan aportar un mayor valor añadido, potenciando y consolidando el sector hostelero de Castilla y León.

La cuantía de la ayuda por la formalización de cada contratación subvencionable será de 9.000 euros. Este importe se incrementará si la persona contratada es mayor de 45 años, si el trabajador tiene responsabilidades familiares, si es una persona con discapacidad, está en riesgo de exclusión social, emigrante castellano y leonés retornado, o víctima de violencia en el ámbito familiar.

Asimismo, se incrementa el importe de la subvención cuando el trabajador contratado haya finalizado una acción de formación profesional para el empleo y cuando el centro de trabajo en que el trabajador contratado vaya a prestar sus servicios radique en un municipio de Castilla y León de menos de 5.000 habitantes.