Ciento doce días después Castilla y León volverá a tener un presidente autonómico con plenas facultades ejecutivas y la Junta volverá a ponerse a pleno rendimiento tras cerca de cuatro meses de interinidad. Partido Popular y Vox deshojaron ayer finalmente la margarita y desbloquearon la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que será investido como máxima autoridad de la Comunidad el próximo lunes 11 de abril. Tras un mes de duras negociaciones entre ambas formaciones en el que ha existido un apagón informativo por parte de PP y de Vox, ambas formaciones decidieron ayer encender la luz y resolvieron uno de los grandes enigmas que ha rodeado todo el proceso de negociación: las competencias que asumirá el futuro vicepresidente sin cartera, Juan García-Gallardo. Éste, desde un primer momento se autodescartó para imitar a su predecesor, Francisco Igea, que ostentó la portavocía y la Consejería de Transparencia.
Con todo ello, el candidato popular saldrá elegido como presidente de Castilla y León por mayoría absoluta gracias a los votos de PP y Vox en virtud del acuerdo suscrito el pasado 10 de marzo, y que ambas formaciones han ido puliendo durante el último mes para desesperación del resto de grupos. Finalmente ayer se produjo la esperada convocatoria de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces parlamentarios por parte del presidente de la institución, Carlos Pollán, condición sine qua non para activar la investidura y que mañana se encargará de aprobar la fecha elegida del 11 de abril como 'Día-D'.
Vicepresidente sin cartera
Un comunicado de prensa sirvió ayer para detallar las funciones que tendrá asociadas la Vicepresidencia de la Junta, que recaerá en Juan García-Gallardo, quien además de la representación institucional en sustitución del presidente que le corresponde por ley, presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos –hasta ahora en manos del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo– y la Comisión de Simplificación Administrativa.
Ambos partidos crean una comisión de evaluación y planificación de las campañas de publicidad institucional".
Una comisión, la Delegada para Asuntos Económicos, que según el decreto de 2019 que la regula establece que esta puede adoptar los acuerdos necesarios para coordinar las actuaciones dirigidas a promover el desarrollo económico y social de Castilla y León, así como las actuaciones tendentes al crecimiento económico sostenible, con especial atención al medio rural y las actuaciones tendentes a la creación de empleo sostenible y de calidad, con especial atención a las personas más vulnerables de la sociedad, según informa Ical.
De igual forma, y para solventar uno de los principales escollos durante la negociación, PP y Vox acordaron que la Vicepresidencia participará en la autorización, seguimiento y evaluación de la planificación de las campañas de publicidad institucional –el conocido como 'Plan de Medios'–, así como en la Comisión de Secretarios Generales, por lo que García-Gallardo estará presente a través de alguien de su confianza en ese eslabón clave en la tramitación de asuntos hacia el Consejo de Gobierno.
Otras de las funciones de la Vicepresidencia será la representación suplente en el Comité de las Regiones; el Comisionado de las Víctimas del Terrorismo; la representación institucional de las relaciones de los órganos de la administración de la comunidad con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común, así como con las fundaciones, asociaciones y colegios profesionales.
Tres meses para enviar a Cortes la Ley de Violencia Intrafamiliar
El acuerdo, que recalca el compromiso de impulsar un «Ejecutivo estable, sólido y fuerte pensando en los intereses de Castilla y León y de España», precisa que antes del 31 de julio se iniciará la tramitación de la futura ley en materia de violencia intrafamiliar, si bien fuentes del PP subrayan que se mantiene la actual norma contra la violencia de género, que data de 2010, tal y como señaló Fernández Mañueco en la sede del PP un día después de firmar el acuerdo con Vox que desbloqueó la Presidencia de las Cortes, informa Ical. Además, ambos partidos detallaron que otro de los epígrafes en los que Vox demandaba más concreción, referido a la memoria histórica, se resolverá con el plazo del 30 de junio para tramitar una normativa «en materia de concordia».
En lo referido a la memoria histórica, antes del 30 de junio se tramitará una normativa en materia de "concordia".
En concreto, PP y Vox acordaron, como ejes de su futuro gobierno, vigilar y defender la igualdad social, laboral, de oportunidades entre mujeres y hombres; promover la solidaridad entre todas las comunidades y ciudades autónomas, a la vez que fortalecer el papel de las provincias y municipios. También, reivindicar la historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de su utilización para dividir a los españoles; y defender los intereses de la comunidad en el marco de la Unión Europea. Igualmente, apuestan por impulsar todas las capacidades productivas y los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo; reforzar el compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo; y garantizar unos servicios públicos de calidad.