Los alcaldes de la mayor parte de los diez municipios burgaleses que figuran en el listado de entidades de locales incluidas en el Procedimiento de Pago a Proveedores, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, han manifestado que no necesitan ningún tipo de financiación para pagar sus facturas, es más, afirman que la situación económica de sus ayuntamientos es buena e incluso registran superávit en la liquidación de sus presupuestos del año pasado.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobó hace unos días un procedimiento para atender las obligaciones pendientes de pago de las entidades locales con su proveedores, incluyendo en el listado (uno obligatorio y otro voluntario) a las que presentaron un período medio de pago global a proveedores superior a 60 días o excesivamente elevado de forma reiterada.
De las diez localidades solo hay una en el lista de 'adhesión obligatoria', se trata del ayuntamiento del Valle de Valdelucio, al que se le concede un importe máximo financiable para pagar las deudas con los proveedores de 2.297 euros. Una cantidad que el alcalde, Fernando del Olmo, califica de «irrisoria» cuando la localidad tiene «una saneada situación económica, con una cantidad importante en caja», afirma un tanto molesto por la inclusión el municipio en ese listado. «Hemos mostrado nuestro malestar por estar en esa lista y ya hemos remitido un certificado para que no saquen de la misma», asegura Del Olmo, quien apunta a la posibilidad de que algún pago se retrasara el año pasado por no estar terminada la obra y eso llevara a Hacienda a incluirles en la lista.
El resto de municipios burgaleses, hasta nueve, se encuentra en el listado de 'modalidad de adhesión voluntaria'. El más importante, por población y por la cantidad que pueden financiar, 268.957 euros, es Salas de los Infantes, cuyo alcalde, Francisco Azúa, reconocen que a finales del año pasado tuvieron problemas porque obras incluidas en los Planes Provinciales, que tenía que estar finalizadas en el ejercicio no lo estuvieron, «y algunas facturas de 2022 se quedaron atrasadas, pero ya están todas abonadas sinproblemas» afirma el regidor. «Hemos comunicado al Ministerio de Hacienda que no necesitamos financiación porque tenemos unas cuentas muy saneadas», asegura Azúa, quien espera cerrar el presupuesto del año pasado también con superávit».
Pequeñas cantidades. En la misma situación que Salas se encuentran Castrillo de la Vega, con un importe máximo financiable de 8.954 euros; Fuentemolinos, con 39.971 euros; Merindad de Montija, con 25.147 euros; Quintanaélez, con 5.106 euros; Regumiel de la Sierra, con 35.886 euros, Tamarón, 18.186 euros; Valle de Manzanedo, 77.980 euros, y Zuñeda, con 3.993.
La alcaldesa del municipio del Valle de Manzanedo, Carmen Saiz, tras mostrar su sorpresa por la inclusión del municipio en el listado, no duda al afirmar que la situación económica del ayuntamiento es buena, «y estamos al día en los pagos», reitera a la vez que manifiesta que se ha podido registrar algún retraso «puntual» pero que no ha sido falta de liquidez en las arcas municipales por lo que expresa la voluntad de comunicar al Ministerio de Hacienda que renuncia a esa posible financiación «porque no la necesitamos».
En términos similares se expresa el alcalde de Regumiel de la Sierra, José Luis Vázquez, quien afirma con rotundidad que «pagamos todas las facturas dentro del mes, estamos al corriente de pagos y no nos vamos a acoger a ningún tipo de financiación porque no lo necesitamos, tenemos una buena situación económica».
Aunque las entidades locales burgalesas, en su mayoría, no tienen previsto acudir a este fondo, el Ministerio de Hacienda ha establecido la suscripción de préstamos para el conjunto del país por importe de 1.076 millones de euros y un período de amortización hasta el 31 de marzo de 2035 con un período de carencia de cuatro años.