El Consejo Económico y Social (CES) pidió estudiar el impacto presupuestario de las medidas integradas en la Estrategia de economía circular de Castilla y León 2021-2030. Así lo establece en el informe previo sobre el borrador de este documento, del que afea que “no se valora” la capacidad financiera del contenido propio de las medidas a desarrollar, “ni siquiera una referencia a su indefinición o falta de concreción”, ya que la Junta señala que “se llevará a cabo” con los propios recursos internos.
Entiende el CES que ante este escenario, el planteamiento de dotación de las medidas “tendrá lugar necesariamente en función de las disponibilidades presupuestarias de cada anualidad y de la discrecionalidad a la que estén sujetas las mismas”. En el momento actual, en el que se están definiendo las actuaciones enmarcadas en los Fondos Next Generation, “se debería impulsar alguna línea dentro del Programa de Desarrollo Rural que fomente la economía circular, pero no incluir de manera genérica la economía circular como un criterio para priorizar y valorar la selección de proyectos”.
Igualmente, considera que la aplicación práctica de la economía circular requerirá una “estrecha colaboración de las partes interesadas”, por lo que reclama unas “políticas claras y un apoyo financiero, en especial en materia de publicidad, para que ésta abandone su marcado carácter consumista y, dentro del respeto de las normas de libre mercado, favorezca los aspectos de sostenibilidad de los productos y la posibilidad de reutilización de los mismos”. Por ello, asevera que es “imprescindible” poner en marcha medidas que apoyen una transición justa que “garanticen que nadie se quede atrás y favorezcan la adaptación de nuestro tejido productivo”.
En opinión del CES, conviene promover la experimentación práctica de procesos de economía circular en distintos sectores y en un número importante de ciudades de la Comunidad, polos agroalimentarios y zonas rurales, con “miras a valorizar experiencias significativas en los sectores de la producción y el consumo que puedan utilizarse como buenas prácticas”.
A su juicio, la nueva cultura que sustenta la economía circular “debería ser una oportunidad para avanzar, con nuevos criterios, el concepto de riqueza y bienestar, es decir, para superar el planteamiento basado en el PIB”. “Se debe hacer más hincapié en la difusión de una cultura circular, a través de la formación, la creación de capacidades y una mayor responsabilidad, a fin de incitar a las personas y al tejido económico a adaptar y modificar sus hábitos de consumo y producción”, justifica en el informe.
También recuerda que en su Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2019 el CES ya apuntaba, entre sus recomendaciones, la necesidad de elaborar una Estrategia de Economía Circular en Castilla y León, en la que, sin embargo, “nota la falta de un análisis multivariable del escenario de partida en materia de flujo de materiales y energía de la economía de Castilla y León que pudiesen incluir la utilización de materias primas, la generación y tratamiento de residuos y las emisiones de CO2 por sectores económicos”.
Apoyo a pymes
Por todo ello, el Consejo recomienda que se adopte en esta Estrategia y en su desarrollo, por un lado, medidas de apoyo a las pymes para la obtención de los diferentes certificados y etiquetas referenciados en la misma; y, por otra parte, el despliegue de una planificación temporal lo más amplia posible, que dilate su obligación al menos hasta el 2030; dado no solo a la especial característica de las empresas castellanas y leonesas en cuanto a que más del 98 por ciento cuenta con una reducida dimensión, sino también por la propia situación de crisis económica actual derivada de la COVID-19.
Igualmente, aconseja realizar ya en esta Estrategia al menos una “mínima planificación” del desarrollo de estos mercados de subproductos, productos reciclados y materias primas secundarias acompañado de un cronograma de implantación hasta 2030 y de un “necesario seguimiento del mismo, que permita a los diferentes agentes del mercado conocer cómo evolucionan estos productos y ver en qué momento se pueden convertir en verdaderas oportunidades”. Todo ello, con el fin de que todas las empresas “puedan optar a estos mercados de productos y acceder a su introducción en sus procesos productivos, y así poder concurrir en igualdad de condiciones a la contratación pública”.
Por último, el desearía el establecimiento de un órgano concreto de seguimiento de la Estrategia y de los planes de acción. Además, sería necesario definir cuál es el objetivo y funciones del grupo de trabajo que se crea como apoyo a la propia Estrategia.